España, al Tribunal de Justicia europeo por los vertidos al mar en Canarias

Por Juan Sanhermelando. | La Comisión de Ursula von der Leyen decidió ayer denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Un déficit que afecta especialmente a municipios de Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.

Bruselas ha decidido dar este paso tras constatar que las autoridades competentes siguen sin solventar los problemas detectados pese a que ha transcurrido más de una década desde que lanzó el primer expediente sancionador por falta de depuradoras. La directiva en cuestión tiene por objeto proteger la salud de las personas y el medio ambiente, al establecer la exigencia de que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de verterse al medio ambiente. “Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas”, avisó el Ejecutivo comunitario.

28 municipios de Tenerife

La información recopilada por Bruselas ha puesto de manifiesto un “incumplimiento generalizado” de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en España. En el caso de 29 municipios (28 en la isla de Tenerife y 1 en Andalucía), todavía no existen sistemas colectores de aguas residuales urbanas o mecanismos alternativos que alcancen el mismo nivel de protección medioambiental.

Por su parte, en 225 localidades (90 en Andalucía, 50 en Extremadura, 29 en Canarias, 29 en Castilla-La Mancha, 16 en Castilla y León, 10 en Aragón y 1 en Galicia), las depuradoras que hay son insuficientes para tratar los vertidos de aguas residuales urbanas. Según Bruselas, se necesitan nuevas infraestructuras o como mínimo una mejora de las instalaciones ya existentes.

La Comisión envió una primera carta de emplazamiento a España en junio de 2012, a la que siguieron un dictamen motivado en febrero de 2015 y otro más en junio de 2021. A pesar de algún progreso, las autoridades españolas “siguen sin solventar por completo las deficiencias”.