Canarias reclama más fondos desde Europa para poder atender a menores migrantes

Pocas causas habrá en las Islas más importantes y urgentes como la defendida ayer por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a quien durante un encuentro de trabajo celebrado en Madrid solicitó su mediación con las instituciones de la Unión Europea para que asignen al Archipiélago fondos europeos extraordinarios para crear una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas a través de pateras.

Tras padecer el peor año de la historia en la ruta atlántica, con casi 40.000 supervivientes que arribaron a las Islas, Delgado incidió ayer en la necesidad de dotar a Canarias de infraestructuras “permanentes” dedicadas a los menores de edad que migran solos y quedan, como es su competencia, bajo la tutela del Ejecutivo autonómico, ya que actualmente en el Archipiélago “hay un total de 4.500 menores no acompañados”, para lo que se dispone de “66 centros para atender sus necesidades”, como confirmó ayer la propia Consejería de Bienestar Social.

Delgado expuso, igualmente, que es consciente de que el fenómeno migratorio “es estructural y no meramente coyuntural”, por lo que manifestó que el objetivo prioritario “es aumentar el número de instalaciones estables, habilitando una en cada isla, con una capacidad para acoger entre 100 y 150 migrantes en cada centro”. La previsión para poner en marcha cinco nuevos centros es de una “inversión mínima” de 16 millones de euros, según apuntó un análisis detallado de las necesidades y recursos necesarios.

Polémica

Además, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, aseguró ayer que hay “cierta preocupación” por el acuerdo para el traspaso de competencias para Cataluña en materia de inmigración, por lo que se solicita una reunión urgente de la comisión sectorial para abordar la “letra pequeña”.

A este respecto, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo no haber descartado delegar competencias migratorias a otras autonomías si lo solicitan, pero aclaró que “nadie” lo ha pedido. “Es una política suficientemente compleja”, afirmó la también ministra de Hacienda.