La alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, y el exconsejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, lamentaron ayer que se hayan reanudado las obras del hotel de La Tejita, que construye el Grupo Viqueria, tras la última sentencia del TSJC, cuando “había un acuerdo con la empresa para comprar la parcela por 25 millones de euros”. Según Valbuena, la empresa estaba dispuesta a retomar este pacto con el nuevo Gobierno de Canarias.
“Preferiría que no hubiera hotel, pero hemos sido notificados por parte de la constructora de la vuelta a las obras mediante varios procedimientos judiciales que había abiertos y respecto a los que han recaído sentencia firme”, aseguró ayer la alcaldesa. “Lo que ponen de manifiesto (las resoluciones) es que la orden de paralización cautelar que en su momento emitió el Gobierno de Canarias a través de la Agencia de Protección del Medio es nula de pleno derecho”.
Miranda reveló ayer que el anterior Ejecutivo autonómico, liderado por Ángel Víctor Torres, planeó comprar esta parcela para frenar la construcción del hotel de La Tejita. Según dijo, la negociación, pese a estar avanzada, quedó en el aire con las elecciones autonómicas. El precio de los terrenos, tasado por técnicos de la Comunidad Autónoma, ascendió a 25 millones de euros, que el Gobierno pretendía pagar en tres años (el 30% en el primer ejercicio, otro 30% en el segundo y un 40% en el tercero), entre 2023 y 2025.
A su vez, el exconsejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, explicó, en la Cadena Ser, que la intención era “comprar y renaturalizar” la zona, con el argumento de que el hotel se proyecta junto a un espacio natural protegido y que este área se verá afectada con el paso de los años por la subida del nivel del mar. En este sentido, dijo que “la empresa era muy receptiva a llegar a un acuerdo” y que “se fue trabajando de forma silenciosa”, llegando incluso a incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2023 una partida denominada como Renaturalización de los espacios costeros.
La operación quedó paralizada con las elecciones autonómicas y el posterior cambio de Gobierno en Canarias: “Cuando llegamos a hacer la modificación de crédito, estábamos en funciones y no pudimos terminar de montar el expediente”, señaló el exconsejero.
Ahora, la alcaldesa de Granadilla insta al actual Ejecutivo regional de Coalición Canaria y Partido Popular a no abandonar la idea de comprar los terrenos. “La posición del PSOE es clara: si nosotros tuviéramos opciones para que en la zona no se construyera el hotel, sin ninguna duda la pondríamos sobre la mesa. Si tuviéramos un presupuesto milmillonario como tiene el Gobierno de Canarias, nos plantearíamos adquirir la parcela”, aseguró Miranda.
El Grupo Viqueira ya ha invertido 20 millones de euros de los 60 que cuesta el proyecto del complejo hotelero, con 883 camas y denominado La Tejita Beach Club Resort.
Viqueira
La empresa Grupo Viqueira, promotora del hotel de La Tejita, aseguró ayer que las obras reanudadas este pasado lunes cuentan con todas las licencias y permisos para trabajar en la totalidad de la parcela.
En una nota, la empresa indica que estas obras están avaladas por las tres sentencias favorables de la Sección Primera del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Añade que estas tres resoluciones judiciales dictadas por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “confirman la legalidad del proyecto” e indican que los permisos están “vigentes, son eficaces y legitiman su ejecución”.
La promotora asegura que las obras cuentan con todos los títulos jurídicos preceptivos para poder ser ejecutadas en la totalidad de la parcela y que la modificación del deslinde aprobada no convierte las obras en ilegales, por lo que han sostenido que “se disipa cualquier duda” en torno a la posibilidad de no poder desarrollar los trabajos en la zona de dominio público marítimo terrestre.
El grupo sostiene que la autorización y licencia urbanística se ajustaban al deslinde de la zona marítimo-terrestre vigente en el momento de su concesión final, en 2018, por lo que “el deslinde iniciado con posterioridad no puede afectar a las licencias ya concedidas”.
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