El Ayuntamiento de Granadilla de Abona considera “prioritario” habilitar nuevas viviendas y abaratar los alquileres en el municipio, el de mayor crecimiento porcentual de población de Tenerife en los últimos años para poner freno al “drama de la década”, según dijo ayer la alcaldesa, Jennifer Miranda en Onda Tenerife.
Además de ser el primer Consistorio del Sur y segundo de la Isla (después de La Orotava) en aprobar en pleno -por unanimidad- proponer al Gobierno la declaración de zona de mercado residencial tensionada, el grupo de gobierno (PSOE y PP) se ha propuesto ir un paso más allá en la búsqueda de soluciones a corto y medio plazo para tratar de embridar la galopante crisis de la vivienda, con unos precios de alquiler y compra desbocados.
El Ayuntamiento se ha marcado una ambiciosa hoja de ruta para este mandato, con cuatro ejes principales de actuación que incluyen novedades llamativas y que crearán debate, como la expropiación de una treintena de edificios sin concluir, la mayoría en San Isidro y las medianías.
No obstante, el primero de esos ejes pasa por la cesión, ya consumada, al Instituto Canario de la Vivienda de más de 3.000 metros cuadrados de suelo para construir pisos públicos. Corresponde ahora mover ficha al organismo del Gobierno de Canarias, responsable de presentar los proyectos para esas parcelas y adjudicar las obras.
El segundo eje se activó hace dos meses con la firma de un convenio con una empresa para concluir la urbanización y las edificaciones en dos unidades de actuación en Los Hinojeros.
“Con este desbloqueo, lo que hemos conseguido es que se vayan a terminar, en el casco, 294 viviendas que ya tienen la calificación previa como públicas y que, una vez finalizadas, tendrán un precio regulado”, explicó a este periódico Jennifer Miranda, quien considera la medida un “gran avance” por cuanto supondrá, además de poner en el mercado cerca de 300 casas, un “impulso claro” para la medianía del Sur, acostumbrada a ver cómo la mayor parte de la población se asienta en las zonas costeras.
La tercera pata de la mesa será amortizar, a mediados de año, el préstamo de Sermugran, empresa pública de Granadilla que cuenta con 70 casas en San Isidro. Con ello, el gobierno local pretende devolver los precios a parámetros razonables y, además, habilitará otros 10 pisos vacíos con un alquiler asequible, en torno a 350 o 400 euros. El concurso para estas viviendas saldrá en las próximas semanas.
Pero, sin duda, el aspecto más novedoso en la estrategia marcada para incrementar el mercado de inmuebles sociales es expropiar hasta 30 edificios que se quedaron a medio construir -víctimas, en su mayoría, de la crisis de 2008- para rehabilitarlos y destinarlos a casas públicas, medida pionera en Canarias “y no sé si a escala estatal”, apostilla la alcaldesa socialista.
“Basándonos en el régimen ordinario de las obligaciones de los promotores y los propietarios de suelo, y también en el régimen de expropiación forzosa, lo que pretendemos es, una vez realizado el inventario de esos esqueletos de hormigón, que están en manos de entidades bancarias o fondos de inversión, requerirle a los propietarios que finalicen esas edificaciones en base a las licencias que se concedieron en su día”, apuntó la regidora.
DISTINTOS PLAZOS
Para ello, dispondrán de varios plazos en función del nivel de ejecución de cada edificio. Los que se encuentren en estado más avanzado tendrán, previsiblemente, 12 meses para su finalización, mientras que las estructuras con un menor nivel de construcción contarán con más tiempo.
“No podemos olvidar, y esto es muy importante, que los propietarios de suelo, en este caso de las edificaciones, tienen obligaciones. No solo tienen el derecho a edificar, sino también la obligación de terminar las construcciones. Y entendemos que, si no se han finalizado, tenemos la competencia para la ejecución subsidiaria de las obras y así terminar los edificios para ponerlos a disposición de los vecinos”, enfatizó la alcaldesa.
Transcurridos los plazos establecidos, se determinará, en base a “criterios objetivos”, en qué edificios se puede proceder con la ejecución subsidiaria de los trabajos, con el objetivo de, en aproximadamente tres años, poner a disposición de los granadilleros más viviendas a precios regulados. “Será un proceso a medio plazo, escalonado y definido por el marco presupuestario, de ahí que la estrategia que hemos puesto en marcha incluya los otros tres ejes”, remarcó Miranda.
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