El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), organismo autónomo adscrito al Cabildo, ha recibido un total de 14 alegaciones de entidades, administraciones y particulares sobre la declaración de emergencia hídrica, que serán analizadas y resueltas en los próximos días.
De esta forma, y una vez concluido este trámite, se procederá a la aprobación definitiva de un periodo especial que tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por otros seis, conforme establece la normativa, según informaron ayer desde la Corporación insular.
El BOC publicó el pasado día 8 el anuncio del Ciatf por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de emergencia hídrica en la Isla junto al documento técnico elaborado con 75 medidas para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar plenamente los usos sanitarios y domésticos, abriéndose un plazo de 5 días hábiles para la formulación de alegaciones, que se cerró con estas catorce presentadas.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad, Blanca Pérez, recordó ayer que la declaración conlleva un procedimiento administrativo con determinados plazos que hay que cumplir obligatoriamente.
“Las normas son claras y, a pesar de que haya personas que quieran distorsionar el mensaje, la única realidad es que hay que cumplir los trámites y plazos legales. Quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife porque ha estado trabajando sin descanso desde que el pleno del Cabildo aprobó abrir el trámite para la declaración de emergencia hídrica”, enfatizó ayer al respecto.
“En primer lugar, lo que hicimos fue requerir a todos los ayuntamientos y entidades para que nos informasen de la situación que estaban atravesando. Y también hablamos con los distintos concesionarios y titulares de las estaciones desalinizadoras para que detallasen sus posibles excedentes. Una vez realizado ese trabajo, se procedió a la elaboración del documento, que recoge 75 medidas adaptadas a las diferentes necesidades”, explicó Pérez sobre el procedimiento.
La consejera añadió que “la normativa obliga a publicar la declaración en el Boletín Oficial de Canarias y establecer un periodo de alegaciones”, habiéndose recibido un total de catorce. “Hay seis alegaciones de administraciones y organismos públicos, seis de entidades y colectivos y dos de particulares. Una vez recibidas, se analizarán y responderán y, si no hay necesidad de volver a abrir un periodo de alegaciones, se procederá a la declaración final de emergencia hídrica, que tiene un plazo de vigencia de seis meses”, indicó.
75 medidas
El documento técnico elaborado por el Ciatf recoge un total 75 medidas, de las que 15 son generales para toda la Isla y las otras 60 están divididas por demarcaciones hidrográficas: Isla Baja, Ycoden, Valle de la Orotava, Acentejo, Noreste y Zona Metropolitana, Valle de Güímar, Abona, Vilaflor de Chasna y Oeste.
Entre las actuaciones general, se requiere a todos los ayuntamientos “la adopción de medidas de gestión de la demanda destinadas a adecuar el consumo hídrico a sus disponibilidades hídricas”, se les propone “la diferenciación tarifaria para el uso turístico en red, incluidas las viviendas vacacionales”, y se insta a aquellos con servicio de abastecimiento en gestión directa “a que ejecuten medidas para la reducción de pérdidas”, entre otras acciones.