El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a las costas isleñas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia de la Administración General del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad autónoma. Al dar a conocer ayer esta decisión, el presidente, Fernando Clavijo (CC), precisó que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de “auxiliar” al Ejecutivo central en su competencia. Clavijo ya había expresado por la mañana que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que “han marcado un antes y un después”.
Tras la reunión del Pacto Canario por la Inmigración, Clavijo manifestó que la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la isla y el Ministerio Público envió un requerimiento legal a su Gobierno. Llegados a ese punto, enfatizó, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de riesgos jurídicos.
Fernando Clavijo congregó en Las Palmas de Gran Canaria a los portavoces de los grupos parlamentarios -incluido el de Vox, que no suscribió ese acuerdo ni forma parte de él- para darles cuenta de que este lunes se había aprobado en el Consejo de Gobierno la renovación de la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la Administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e “impulsa” como “máxima prioridad” la “concertación” de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere a la Administración General del Estado que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco. Su segundo punto es este: “Comunicar a las entidades colaboradoras [las ONG que gestionan sus centros de acogida] que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. Y faculta a sus servicios jurídicos para “iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma”. Antes los periodistas, Clavijo detalló que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto “como un problema exclusivamente de Canarias”. De hecho, arguyó que la mayoría de esos menores llegan a tierra rescatados por un servicio del Estado, Salvamento Marítimo, que los desembarca en Canarias “como podía trasladarlos a Cádiz”. Todos los partidos políticos han respaldado al Ejecutivo y el presidente elogió el apoyo que hasta ahora está recibiendo en este asunto de los socialistas canarios.
Hasta 6.267 migrantes llegaron a Canarias durante los meses de julio y agosto, una cifra récord para un verano desde que existen registros por meses de los flujos migratorios. En la segunda quincena de agosto se dispararon, con 3.220 personas, lo que supone que casi la mitad de las entradas de este verano han sido en estos últimos 15 días. Estos números distan notablemente de los de los cinco años precedentes entre julio y agosto, como 2023, con 4.226; 1.896 en 2022; 2.303 en 2021; 1.225 en 2020 o las 151 en el verano de 2019. En lo que va de 2024 son 25.524.
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