Como la gente no es boba y la ciudadanía de a pie hace tiempo que conoce lo importante que es defenderse por su cuenta, desde hace unos días ya hay colas frente a las representaciones diplómaticas de Venezuela en Canarias por el fundado temor de que terminen pagando las facturas generadas por las riñas entre los políticos, tanto en la relación bilateral como por la conocida y antigua manipulación partidista interna de las diferencias entre ambos países. ¿El motivo? Agilizar todo lo posible cualquier trámite pendiente antes de que se consume el desastre que para sus intereses personales supondría una ruptura de las relaciones entre ambos países.
Que algo similar esté pasando en las representaciones españolas en Venezuela es fácil de adivinar teniendo en cuenta el descomunal éxodo de ciudadanos de dicho país que huye del mismo en cantidades asombrosas, por cuanto, a fecha del pasado abril, se computaron 7,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los que 6,6 millones viven en América Latina y El Caribe, pero no pocos miles han terminado en las Islas.
Escalada
Desde luego, no les ha fallado el instinto de alerta, por cuanto la escalada de agresiones políticas se trasladó ayer al terreno diplomático con la llamada a consultas por parte del Gobierno de Venezuela de su embajadora en Madrid, lo que siempre es un trámite indispensable antes de la temida ruptura de relaciones, que afortunadamente aún no se ha producido.
Sin embargo, desde el Partido Popular se difundieron ayer unas declaraciones de su vicesecretario de Internacional, Esteban González Pons, pidiendo al Gobierno de España que retire al embajador español de Caracas, a la par que criticó que, a su juicio, España ponga “paños calientes a los criminales” en Venezuela.
Gasolina
El asombro por semejante chorro de gasolina política al incendio desatado entre ambos países queda de manifiesto cuando hasta Ana Oramas (una de las referencias indiscutibles de Coalición Canaria, socio gubernamental del PP) clamó ayer, en un programa de la cadena de TV estatal Cuatro, contra la propuesta de González Pons. “Para Canarias, Venezuela no es solo un país ni es solo política”, recordó la actual vicepresidenta del Parlamento de Canarias antes de asegurar que “creo que el Gobierno español hizo bien trayendo al líder de la oposición, Edmundo González, y explicar que “hasta el 10 de enero (fecha en que concluye el mandato actual de Nicolás Maduro)”. Sobre que el PP pida retirar al embajador de España en Venezuela, la nacionalista fue muy clara: “Es inadmisible. Una cosa es llamar a consultas (…), pero otra cosa es retirar a un embajador, porque tenemos que pensar que en Venezuela (sobre todo el señor Feijóo, porque los gallegos son la segunda colonia de españoles en Venezuela después de los canarios) tenemos compatriotas allí, gente que está tramitando los pasaportes y la nacionalidad para salir. ¡Son nuestros compatriotas!”, remachó ayer Oramas.
Temibles efectos
Es fácil comprender hasta qué punto la ciudadanía puede pagar con creces el fracaso político que siempre supone una ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos países (más si es el caso de dos estados hermanos como son España y Venezuela).
Allá, porque se cerrarían unas puertas imprescindibles para salir de un país donde, como es sabido, la situación social presenta unas carencias muy notables en comparación con el nivel de vida actual en España.
Acá, porque cualquier trámite (sea pendiente o sobrevenido) quedará suspendido si se cierran los consulados. Por poner un ejemplo, más vale en ese caso no perder el pasaporte u otra documentación imprescindible para la vida cotidiana, porque el remedio que quedará es desplazarse a Venezuela.
Sobre la incidencia entre la población canaria, basta con recordar que, según el Instituto Nacional de Estadística, son más de 75.000 los venezolanos con residencia en Canarias en la actualidad, de los que una tercera parte de ellos solo tiene el pasaporte venezolano, el resto, con doble nacionalidad, son venezolanos y españoles al mismo tiempo.
Sensato
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, intentó reconducir la crisis al expresar su respeto a la “decisión soberana” de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid, a la vez que se abstuvo de calificar al país gobernado por Nicolás Maduro como una “dictadura”, como lo había hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar”, indicó el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde recordó que trabaja para “tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela”, del que el pueblo español se siente “tremendamente cercano”, algo que cualquier canario comprende sin que nadie tenga que aclarárselo.
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