Alrededor de 100 vecinos del barrio de Lomo Negro, ubicado en Arona, se manifestaron ayer frente al Cabildo insular. Los residentes organizaron la protesta en reacción a las órdenes de demolición de sus viviendas y acabaron la marcha frente a la sede del Cabildo, en la que se presentaba justo en ese momento el Presupuesto General para el ejercicio 2025, con Rosa Dávila, presidenta, y Lope Afonso, vicepresidente, en la rueda de prensa.
En el salón principal, el sonido de los pitidos de los manifestantes resonó mientras los representantes exponían el desglose financiero, lo que hizo que Dávila obligara a cerrar las puertas de la sala para poder desarrollar mejor la presentación de las cuentas.
La protesta, organizada por la Asociación de Vecinos Lomo Negro, volvió a centrar sus reivindicaciones en el derecho a una vivienda digna y en la petición de soluciones concretas a la amenaza de desalojo a la que se enfrentan. Bajo el lema ¡No somos delincuentes, somos propietarios!, los vecinos intentaron visibilizar al máximo su situación.
Dávila afirmó que esta situación obedece a una cuestión “meramente local y la situación entraña una enorme complejidad”, lo que implica enormes dificultades para resolverlo. En la misma línea, Afonso se refirió al asunto como un “problema de cumplimiento de la ley urbanística”, señalando que “no es competencia directa del Cabildo”, aunque aseguró que están “abiertos a escuchar a cualquiera”. Sin embargo, los vecinos afirmaron que, tras requerir una reunión con la presidenta, “no han recibido respuesta”.
Clasificados como suelo rústico de protección agrícola, estos terrenos están sujetos a restricciones que prohíben la construcción de viviendas, lo que llevó a la Agencia de Protección del Medio Natural (ACPMN) a emitir órdenes de demolición, que recibieron los afectados de forma masiva este pasado septiembre. A pesar de las intenciones de los vecinos de llegar a acuerdos, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona creen muy difícil vislumbrar una solución.
“Esa es la ley. Ese suelo no se podrá urbanizar hasta que pasen 20 años del último indicio de construcción”, dijo Luís García, concejal de Urbanismo aronero, el pasado septiembre al referirse a esta urbanización.
“Iremos a Madrid”
Chary, presidenta de la asociación de vecinos, expresó ayer la frustración tras las declaraciones de los representantes insulares: “Tendremos que ir a Madrid a protestar en el Congreso o el Senado”. La entidad, que representa a unas 700 personas que residen en unas 300 viviendas, insiste en que “sus miembros están empadronados, pagan impuestos como el IBI y la recogida de basura, y algunos cuentan con contadores de agua en sus hogares”.
Según recalca, construyeron como “alternativa” ante la falta de acceso a viviendas asequibles en el municipio.
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