Solo los parceladores de la gran finca de Lomo Negro, en El Fraile (Arona), conocen la magnitud de lo que realmente han ingresado por esta operación urbanística a gran escala por la que un suelo de 150.000 metros cuadrados, calificado como rústico de protección agrícola, ha sido divido en porciones más pequeñas en las que se han instalado viviendas que van desde modestas construcciones prefabricadas a casas con jardín y piscina, todas ellas tapadas con malla verde de construcción.
La cifra total, sin embargo, no baja de los cuatro millones de euros. Al menos un centenar de personas se habría hecho con estas parcelas que se han ido vendiendo hasta el momento por precios no inferiores a 39.000 euros cada una, tal y como puso en evidencia este periódico.
Podrían, sin embargo, ser más. No son menos, ya que, según fuentes cercanas al caso, al menos 250 personas habrían logrado empadronarse en el Ayuntamiento de Arona con esta finca como lugar de residencia. Por tanto, el dato podría, incluso, moverse a más de ocho millones de euros de beneficio.
Todas las viviendas cuentan con paneles solares en el tejado y con grandes depósitos de agua para abastecerse, ya que en este tipo de suelo está prohibido colocar o construir todo aquello que tenga uso residencial, pero, además, tampoco se puede recibir suministros como electricidad o agua. De lo primero no hay constancia, si bien de lo segundo sí se sabe que una docena de personas logró permisos de acoples de agua anteriores al año 2015, lo cual podrán formar parte de la denuncia que ya ha presentado la Fiscalía Provincial, tal y como informó DIARIO DE AVISOS esta semana.
Parte de ese suministro, además, lo habría estado prestando, supuestamente, la empresa Balten, del Cabildo. Todo ello formaría parte de una denuncia que, en su momento, presentó el Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, si bien esto no se encuentra en la acusación del Ministerio Público que se ha dado a conocer en los últimos días atrás.
Dicha denuncia de la Fiscalía, por el momento, va dirigida al propietario del suelo por un presunto delito contra la ordenación del territorio y por desobediencia, al haberse violado, supuestamente, el precinto impuesto en su momento a los terrenos por la Guardia Civil y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, organismo del Gobierno de Canarias.
“Eso, desde un punto de vista urbanístico, tiene muy mala pinta y casi nulas vías de legalización. Va a haber un auténtico drama en Lomo Negro”, subrayaron ayer las fuentes citadas, que conocen bien la situación de la urbanización.
“Hay desde quienes adquirieron el terreno para tener un lugar en el que vivir hasta personas que buscaban especular con la venta a un precio muy superior, pasando por quienes desean un mejor nivel de vida y se han hecho un chalet con piscina, más allá de los que alquilan el suelo parcelado para celebrar eventos, como cumpleaños, o tienen negocios, como una pequeña ferretería”, insisten.
Se trata de parcelas aparentes -legalmente no es así, sino pequeños porcentajes de una gran finca- de entre 300 y 400 metros cuadrados que han vuelto a aparecer en portales inmobiliarios como anuncios. Unos buscan vender y quitarse el problema de encima por poco más de 70.000 euros, ganando una buena cantidad sobre los 39.000 euros originales. Meses atrás, no lo hacían, pero ahora sí advierten de que el suelo no es apto para la construcción. Otros alquilan la superficie por 400 euros al mes con el objetivo de colocar autocaravanas.
Ante la falta de viviendas asequibles en el Sur, podría ser una opción para quienes más posibilidades económicas tienen -trabajadores con contrato fijo y sueldos como el salario mínimo o poco más, pero que no pueden afrontar alquileres a partir de 800 euros- y han optado por vehículos como estos, instalándose en diferentes municipios de la Comarca, en lugares cercanos a sus puestos de trabajo.
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