Las asombrosas y preocupantes noticias sobre el rescate de más de 130 personas en Las Cañadas del Teide durante el pasado fin de semana, pese a que se informó oficialmente y con tiempo suficiente sobre las pésimas condiciones meteorológicas imperantes en las cumbres tinerfeñas, distan de ser un hecho aislado. A tal punto, que las denuncias por infracciones medioambientales presentadas por los diferentes servidores públicos que actúan en este ámbito en toda la Isla se han disparado en lo que va de año y se teme que rocen el millar a final de diciembre, cuando en 2023 fueron un total de 657.
Para hacerse una idea aproximada, fuentes oficiales detallaron ayer a este periódico que las denuncias elevadas desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han duplicado este año, mientras que las de la Policía Canaria se han triplicado.
Además, solo las que corresponden a los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife se acercan ya a 400, como se informó ayer desde la Corporación insular a cuenta de la celebración de un curso de Investigación de Delitos Ambientales destinado a los agentes de Medio Ambiente e impartido por el fiscal provincial delegado de Medio Ambiente, Rafael Ruiz Ibáñez, y profesionales del ramo de Cataluña, Madrid y Tenerife.
Lejos de tratarse de una cuestión menor, hay que tener en cuenta que algunos de estos casos llegan a tener trascendencia penal, como ha ocurrido en ocho ocasiones en lo que va de año solo respecto a las sanciones propuestas por dichos agentes forestales del Cabildo, quienes desde 2016 han investigado y denunciado un total de 44 casos penales, como informó durante dicho curso el fiscal provincial delegado de Medio Ambiente, Rafael Ruiz Ibáñez.
Centrándonos en lo que sucede en Las Cañadas, el portavoz de la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan), Ayose Molina, recordó ayer a este periódico que la dotación de agentes desde el Cabildo sigue siendo tan escasa como que solo son cinco profesionales adscritos a tal servicio para un área de casi 190 kilómetros cuadrados que es visitada por una media de entre 12.000 y 14.000 personas diariamente.
“Materialmente, es imposible vigilarlo (el Parque Nacional), si ni siquiera da para tener activa en todo momento una pareja de servicio”, explica Molina, quien advirtió además de que las funciones de estos agentes van más allá de evitar estas infracciones.
El Cabildo tinerfeño, consciente de tal situación, tiene en curso una oposición para incorporar 25 nuevas plazas para toda la Isla y el pronóstico pasa porque dichos profesionales estén incorporados para el verano del año que viene.
Un dato importante se halla en que, el próximo 1 de enero, se completa la transferencia de competencias en favor del Cabildo, institución que ayer aseguraba a DIARIO DE AVISOS que la hoja de ruta pasa por seguir aumentando su plantilla de agentes medioambientales más allá de este próximo refuerzo, así como mejorar su formación.
En esta coyuntura, coordinarse resulta clave. Tanto la consejera insular del área, Blanca Pérez, como el director de Medio Natural, Pedro Millán, abogan por intensificar el trabajo conjunto con el citado fiscal Rafael Ruiz y con los cuerpos y fuerzas de seguridad implicados en la defensa de la naturaleza isleña.
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