Pedro Antonio Hernández González y María del Carmen Oliva Jaraiz viven en el barrio de Buen Paso, en Icod de los Vinos, pero sus hijos, Antonio y Guillermo, mellizos, de 8 años y ambos con Trastorno de la Conducta Autista (TEA), van al CEIP Ángel Guimerá, en San Juan de la Rambla.
En el momento de escolarizarlos eligieron este centro porque era más pequeño y familiar, con comedor propio, pensando que sería lo más idóneo para los niños. Antonio, además de TEA, está diagnosticado de trastorno disocial con trastorno grave de conducta, y tiene reconocida una discapacidad del 40%.
Ambos cursan en la actualidad cuarto grado de Primaria en un aula ordinaria. Durante siete años no tuvieron inconvenientes pero en este curso escolar, que no cuentan con un auxiliar educativo -pese a que fue requerido por su madre por registro de entrada ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias- comenzaron los problemas con Antonio, quien ya fue suspendido del comedor en tres ocasiones.
Tampoco asiste a clase desde el 14 de de noviembre y no lo hará hasta el día 20 de acuerdo al artículo 64, punto 1 apartado b) del Decreto 114/2011 de 11 de mayo que regula la convivencia en los centros educativos por llevar a cabo una conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, según se indica en el expediente de expulsión al que tuvo acceso este periódico y en el que no se tiene en cuenta su diagnóstico.
El apartado c) de ese mismo artículo se refiere a otras conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. En concreto, “las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas”.
Esto último, según su familia, es lo que han hecho con Antonio, que al ponerse nervioso le dan ataques que este año han sido más seguidos. “En el colegio empezaron con unas pautas que tenían consecuencias y castigos que no han servido para nada. Lo apartaban del comedor para que comiera solo, o lo sentaban con niños más pequeños en lugar de su grupo de clase”, cuenta Maricarmen.
Desde que comenzó el curso, el matrimonio ha tenido reuniones con el equipo educativo, “para ir todos juntos, y remar a favor”, les aseguraban. Al mismo tiempo, a Maricarmen la llamaban “casi todos los días, y me ponían al teléfono al niño gritando diciéndome ‘mira la crisis que está teniendo’. En ocasiones se vio obligada a recogerlo y llevarlo a su casa.
Una de estas llamadas se produjo el pasado lunes durante una reunión de Visión Azul Autismo, Asociación para la concienciación del espectro autista. “Saturada”, y sin saber bien qué hacer, Mamen -como la llaman los más allegados- puso el manos libres de su teléfono móvil para que el resto de familiares fueran testigos de cómo el niño gritaba de fondo mientras la profesora le decía: “mira cómo está tu hijo”.
En ese momento, “le abrieron los ojos” y le dijeron que no podía permitir que eso ocurriera. Hasta ese momento, pensaba que el colegio la apoyaba. “Me hacían creer que todo giraba a favor del niño pero estaban abusando de mí, cada vez que el niño gritaba o se ponía mal, tenía que ir a buscarlo y traerlo a casa porque ellos no lo aguantaban en el colegio. Han llegado a hacerme creer que mi hijo es un monstruo, a odiarlo, con todas las cosas que me contaban que hacía, y a que soy mala madre”, relata con la voz entrecortada.
Irene Zalba, presidenta de Visión Azul Autismo, madre de dos niños con autismo y psicóloga orientadora de las familias, estaba presente. “Para ella era algo normal lo que estaba escuchando porque llevaba recibiendo esas llamadas desde septiembre, pero vio que nosotros no lo veíamos así y por lo tanto, entendió que algo tenía que hacer”, señala.
Desde la asociación tomaron cartas en el asunto de manera inmediata. Lo primero que hicieron fue brindarle apoyo “porque se sentía culpable de lo que estaba pasando y tenía miedo que desde la dirección del centro tomaran medidas contra el niño”. “La han hecho sentir como que es un monstruo, que todo lo que hace su hijo es adrede y que la culpa es de ella por tener un hijo tan ruin”. Además, ha hecho público el caso en las redes sociales de la entidad.
Según su testimonio, desde el centro “me han presionado diciéndome que lo lleve a un sitio y a otro, cuando saben que Antonio va a terapia y que busco hasta debajo de las piedras para que esté bien. Pero un niño con autismo es muy difícil y no puede mejorar de un día para otro, requiere mucho trabajo”, sostiene la progenitora.
El miércoles, cuando ambas estaban en el Parlamento de Canarias con otras madres de Visión Azul reunidas con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno regional, Poli Suárez, el esposo de Maricarmen le avisó por teléfono que el colegio había activado el protocolo de emergencia. “Fueron dos policías quienes sacaron al niño del aula, como si fuera un delincuente, delante de su hermano y del resto de compañeros y lo expulsaron durante cinco días”, expone indignada.
“El consejero se enteró de todo lo que estaba sucediendo en el colegio en ese momento. Tiene todos los datos y el informe de expulsión. Él mismo nos reconoció que la normativa estaba desfasada. Ahora esperamos que tome cartas en el asunto”, afirma Irene Zalba.
Según el expediente citado anteriormente, el lunes 11 de noviembre Antonio pegó a varios compañeros durante el recreo. Además, “le cuenta a su auxiliar educativo que se la va a montar porque no quiere ir a matemáticas ni a educación física”. Esta es la primera mentira, según su madre, porque en este curso no se cuenta con esta figura. “Se lo han inventado todo”, alude en defensa del pequeño. Se señala que “amenaza a la maestra” diciendo que “te voy a matar, matar”, e intenta entrar a otras aulas para agredir a los alumnos. También se añade que la tutora la llamó a los progenitores para avisarles de la situación y pedirles que fueran a recogerlo ante las dificultades para gestionar las conductas de su hijo, dado que estos actos “hacen que se vea afectada la integridad física de sus compañeros de clase y del resto del alumnado del centro”.
Maricarmen acudió al colegio y se ofreció quedarse fuera de la clase de educación física por si había algún problema. Al terminar, Antonio estaba tranquilo, pero al llegar al comedor, “el director le dijo que no iba a entrar”. Ella reiteró la misma oferta pero se lo negaron, la acusaron de ser una “desagradecida”, le reprocharon “todo lo que habían hecho” por ellos, y partir de ese momento, “me dieron la espalda”.
Dos días después, en concreto el miércoles 13, le achacan a Antonio el haber querido hacer daño a varios compañeros y seguir amenazando “que iba a matar” a la maestra, a la que “acorrala en el aula y la agrede”, igual que al director, que acude ante la llamada de la tutora.
Lo responsabilizan de entrar a otras aulas y “empezar a tirar todo lo que está a su alrededor, dando portazos y cerrando y abriendo las ventanas”. Por todo ello, la dirección del centro activó el protocolo avisando al 112 por la emergencia acontecida.
Maricarmen explica que a su hijo no de dan crisis tan fuertes siempre y cuando ocurren, tienen un motivo. En este caso, aduce, “fue provocada por la profesora, que llevaba toda la semana diciendo que había comprado unas gafas de realidad virtual y las repartió en la clase pero a Antonio no se las dio porque estaba castigado, sabiendo incluso que le encantan las tecnologías”.
“Cuando lees el informe de expulsión parece que mi hijo es peor que Jack El destripador. Pone que un niño de 8 años acorraló a su profesora cuando ésta le saca dos cabezas, y además es un niño es delgadísimo”.
Maricarmen no puede trabajar. Recibe la dependencia y se ocupa de sus dos hijos a quienes esta situación les ha provocado un daño enorme. Guillermo no quiere ir al cole porque “tiene miedo que se lo lleve la policía” y piensa “qué van a decir sus compañeros y su maestra que supuestamente, “hace dos años atrás estaba dando clase en un aula enclave”, y a Antonio “lo han roto por todos lados”.
Desde que entró al colegio, el equipo educativo del centro sabe cuál es el diagnóstico de su hijo. “Si nosotros podemos contenerlo, en el gabinete al que lo llevo también, ¿cómo no pueden hacerlo en un colegio en el que hay un profesor de apoyo para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)?, se preguntan Maricarmen y Pedro. Ellos mismos se responden: “quieren que se vaya del colegio porque les supone una carga”.
La dirección del CEIP Ángel Guimerá prefiere no pronunciarse por el momento sobre este caso “porque hay un proceso judicial abierto”, declararon a este periódico.
Desde Inspección Educativa indicaron que la situación del alumno “se ha desbordado en este comienzo de curso”, e informan que “el centro ha puesto todo lo que ha podido para tratar de normalizarla y rebajar las conductas agresivas, pero no han dado resultado ninguna de las acciones puestas en marcha. Es más, han ido en incremento las agresiones a otros niños de su clase y de otros grupos”.
Asimismo, consideran que la actuación del día miércoles solicitando la intervención del 112 “ha sido proporcional” a lo ocurrido, y también ha sido “correcta la decisión del centro sancionando al alumno con la inasistencia al centro por cinco días lectivos”. Confirman que se llama al 112 “en los casos más extremos, donde hay peligro y si no, se aplica el decreto de convivencia”.
Maricarmen asegura que en todas las reuniones que mantuvo con los responsables del centro estaban la maestra de sus hijos, que a su vez es la jefa de estudio, la orientadora y el director. “Con el inspector nunca pude hablar, siempre se reunía con ellos, yo nunca he estado delante y le han contado lo que ellos han querido”, asevera.
“En Visión Azul nos unimos aún más para denunciar estos casos”
Irene Zalba confirma que Visión Azul Autismo es la primera vez que conoce una situación así, “que desde la dirección llaman a la policía, cuando además el niño tiene un diagnóstico, y el centro educativo cuenta con un aula enclave y puede hacer algo”. “Si quieren llamar a alguien llamaría a un médico, un psiquiatra, o un psicólogo clínico, que ayude a calmar a estos niños si en el cole no hay nadie que sepa hacerlo”, apunta. La presidenta no duda que “buscan que el niño salga del colegio, pero al meternos como asociación ya la familia no está sola sino que hay más gente que la está respaldando y apoyando. Vamos a unirnos más que nunca y vamos a hacer públicos este tipo de caso y a denunciarlos, porque seguramente no es el único”.
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