La diputada del Común, Lola Padrón, anunció hace unas semanas, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que había abierto una investigación de oficio sobre los retrasos del Gobierno de Canarias de más de cuatro años para reconocer la discapacidad en las Islas, teniendo en cuenta que la legislación establece un plazo máximo de seis meses. En una entrevista concedida al programa Atlántico Interviú, ha explicado las causas que han empujado a la institución a iniciar esta actuación.
– ¿Por qué en Canarias se tarda tanto tiempo en reconocer una discapacidad?
“El porqué es lo que estamos averiguando con la investigación que estamos haciendo. Nos preocupa bastante que el número de quejas no vaya en descenso, sino en aumento. Si multiplicamos las casi 600 quejas por cada familia canaria y sumamos aquellas que no denuncian, hay un sector de población que está sufriendo maltrato por parte de la administración, impidiendo que los afectados puedan tener un bienestar social como el que tiene cualquiera o una integración plena. Yo creo que hay que reforzar el personal y las plantillas. Ahora mismo lo único que creo que se debería hacer es un plan de choque para paliar esta situación que, evidentemente, está vulnerando los derechos de estas personas”.
– Sin embargo, en el último año hemos visto como desde el Ejecutivo autonómico se han propuesto diferentes medidas para paliar esta demora.
“Eso se ha hecho en el sistema de dependencia, que sí ha mejorado, pero no en discapacidad. En esta última área también se podrían ahorrar pasos con una mayor coordinación mediante diagnósticos por parte de los equipos de valoración en materia educativa. Todo esto se puede ir planteando, pero ahora mismo no podemos tolerar que 600 personas permanezcan esperando durante años”.
– Tras esta denuncia pública que ha hecho recientemente, ¿ha recibido alguna respuesta del Gobierno de Canarias?
“Nosotros tenemos una investigación abierta desde el año 2023 donde hemos pedido información. La denuncia se hace después de mantener reuniones con la dirección general, que nos ha dicho que están en el proceso. Aunque tal cúmulo de quejas no se acumulan en un año, esto viene desde hace años…”
– Pero este último año se han multiplicado.
“De ahí la denuncia. Mi cometido es defender a la ciudadanía y hay dos maneras de hacerlo: mediando con la administración o planteando la denuncia y haciendo investigaciones como la que está en curso. La administración tiene que plantearse que lo que está haciendo no está dando resultados porque durante este último año se ha duplicado el número de quejas”.
– Como defensora del pueblo tiene un contacto más estrecho con la ciudadanía isleña. ¿Podría exponer casos concretos para hacernos una idea de la magnitud que suponen estos retrasos?
“La ley me impide hablar de casos concretos, pero puedo poner de ejemplo la situación de una maestra que está esperando por una valoración desde hace tres años para ver si se puede reincorporar o no a su puesto de trabajo, con todo lo que esto implica para la vida de esta persona. Hay que ser conscientes de que hoy estamos bien, pero la discapacidad sobrevenida la puede sufrir cualquiera, a raíz de un ictus, por ejemplo, y a estas cuestiones hay que darles la respuesta que exige la legislación. La ley plantea que son seis meses, incluso antes cuando la situación sea urgente. Hay personas que pueden optar al sector privado, pero esto supone que las familias más vulnerables se empobrezcan. La administración tiene el deber de facilitar la inclusión plena y con estos retrasos se pone en juego su credibilidad, que es la base de cualquier sistema público de bienestar social.”
– Se estima que unas 600 personas residen en los hospitales de Gran Canaria y Tenerife por carecer de los recursos necesarios. Una situación que, según ha denunciado el personal sanitario, colapsa las urgencias y masifica las plantas hospitalarias.
“Es un tema complejo. Hay que poner el foco también en la ayuda a domicilio. No todo puede ser el ingreso en una residencia porque apenas hay públicas y a las privadas no puede acceder cualquiera, ya que rondan los 2.500 euros. Todo esto incide en una pobreza invisible, que es la que sufren aquellas familias que, a pesar de generar ingresos, no llegan a final de mes. Un hecho que, según un estudio de la Universidad de La Laguna, ocurre en el 65 por ciento de los hogares canarios”.
– En alusión a las residencias de mayores, han elaborado informes que alertan de graves deficiencias en algunos centros del Archipiélago. ¿En qué estado se encuentran actualmente?
“Sí, en su momento hubo un informe que planteaba graves deficiencias, pero en este área existe un consejo de mayores en el que están representadas todas las asociaciones. Lo que sí creo es que hay que empezar a pensar en la vejez de otra manera, pudiendo plantear otras alternativas en las que se pueda obtener una mayor autonomía”.
– ¿Se refiere a las viviendas colaborativas?
“Por ejemplo. La vivienda colaborativa cuando se tenga autonomía personal o, incluso, con horas de ayuda a domicilio. En estos casos, la familia tiene un papel fundamental, aunque habría que revisar los horarios de trabajo para respetar la conciliación familiar. Si lo analizamos con perspectiva, estamos mejor ahora que antes, cuando las mujeres no trabajaban y dependían de otra persona en términos económicos, pero hay que seguir mejorando. Y el perfil de nuestros mayores ha cambiado mucho. En definitiva, hay que plantear un sistema de redistribución mediante una reforma fiscal donde exista más dinero para políticas sociales. Aunque tampoco me gustaría que la gente se quedara con una visión catastrofista…”
– Bueno, los datos en dependencia han mejorado, tal y como mencionábamos al inicio de la entrevista.
“Es cierto que ha habido una mejora a la hora de dar respuesta a las personas en materia de dependencia, según me han informado los técnicos del área, gracias al trabajo conjunto con la Consejería de Bienestar Social. En discapacidad, en cambio, estamos al límite”.
– ¿Qué papel juega la Diputación del Común en el Archipiélago y qué proyectos tiene previstos para estos próximos años?
“Es un proyecto bonito porque conectas con la ciudadanía, pero es necesario controlar la empatía porque, de lo contrario, arrastras todo el sufrimiento. Uno de los retos que planteamos fue la divulgación y el conocimiento que tienen sobre la Diputación del Común estudiantes de institutos en la isla de La Palma y, sinceramente, nos llevamos una desagradable sorpresa porque solo el 13 por ciento conoce nuestra figura. Lo que queremos dejar claro es que esta institución es el último recurso que tienen las personas que se encuentren en un problema en su recorrido vital. Por ello, desde la Escuela de Ciudadanía nos los planteamos como un elemento participativo donde demos voz a colectivos afectados. Otro proyecto que proponemos es la mediación como un instrumento dentro de la legislación, como ocurre en Andalucía y Cataluña con sus respectivas Defensorías del Pueblo”.
– ¿Qué supone para usted ser la primera mujer en ocupar este cargo?
“Me lo preguntas y me emociono. Es fruto de la lucha de muchas mujeres durante bastante tiempo, en concreto, 40 años que cumplimos el próximo año. Todos han sido hombres y no es una casualidad, sino una cuestión cultural con la que hay que romper. Se ha roto con el esfuerzo y el tesón de luchar por la igualdad de las mujeres que venimos luchando desde hace años. En el norte de Tenerife, en los años 80, empezamos a construir los centros de información para la mujer, donde, entre otras cuestiones, animábamos a estar mujeres a acudir a las comisarías porque en sus casas se ejercía la violencia contra ellas. Me gustaría puntualizar que la persona que empezó conmigo, abogada del centro, es ahora mi jefa de gabinete. Por aquel entonces montamos una estructura de casas de acogida. Ser ahora defensora de la ciudadanía significa que hemos roto, entre todas, un techo de cristal, o más bien de hormigón. Solo espero que detrás de mí vengan muchas más”.
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