La consejería de Educación del Gobierno de Canarias suspenderá cautelarmente el cese de Uxía García, profesora con un 66% de discapacidad visual, que superó con éxito la oposición en 2024 al Cuerpo de Maestros en Canarias y que fue declarada por la Inspección Médica “no apta para el desarrollo de sus funciones de Pedagogía Terapéutica al no cumplir los requerimientos visuales”.
De esta manera, volverá a impartir clases en el colegio de Educación Infantil y Primaria Domínguez Alfonso, de La Orotava. Sin embargo, no podrá ser designada funcionaria hasta que haya resolución del Contencioso Administrativo.
Esta medida se tomó tras la reunión entre Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, y Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE y miembro de la directiva de Cermi Canarias.
Déniz señaló que “se restituirá provisionalmente a Uxía a su puesto de trabajo”, mientras se trata de buscar fórmulas para que pueda ejercer su defensa ante el dictamen de la Inspección Médica y ser designada funcionaria de carrera.
ONCE y Cermi Canarias llevan desde diciembre trasladando al Gobierno regional su preocupación por los casos de docentes que lograron plaza en la OPE por el cupo de reserva de discapacidad y fueron declarados no aptos y, por tanto, no pueden ser funcionarios. Próximamente, “nos reuniremos con la consejería de Función Pública, que es de la que depende la inspección médica, para tratar de ajustar un criterio que entendemos erróneo y que está vulnerando derechos y leyes”.
Más allá de que cada una de los afectadas de manera individual puedan recurrir al Contencioso Administrativo, desde ONCE y Cermi “entendemos que se produce una discriminación flagrante de los derechos de las personas con discapacidad y esto sólo ocurre en Canarias”. “No somos médicos, pero entendemos que los criterios aplicados no se ajustan a Derecho, y el Gobierno tiene que defender los derechos de las personas con discapacidad”.
Déniz recordó que utilizan una guía de recomendaciones de la Seguridad Social del año 2010, pero “existe un decreto de enero de 2011 para el empleo público de las personas con discapacidad” que habla de los “ajustes razonables para poder conceder la plaza ganada en unas oposiciones”.
Educación recalca que “no ha contradicho” el dictamen de la inspección, sino que se ha “suspendido cautelarmente el cese” por si la justicia le da luego la razón, y contando con que los informes laborales de la inspección educativa, de la dirección del centro y de la tutora son favorables a Uxía García. El consejero del área, Poli Suárez, manifestó ayer que “no puedo influenciar a la inspección médica para que modifique ese informe. Ahora bien, trataremos de dar una salida a esta docente. Como consejero, no voy a dejarla sola, pero es verdad que no puedo interferir en un informe que, por otro lado, no depende de Educación”.
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