Uxía García Freire, una maestra de 28 años que cuenta con una discapacidad visual del 66% por una retinosis pigmentaria, y que aprobó las oposiciones el pasado verano en Canarias fue cesada el pasado 30 de noviembre al considerar la Inspección Médica, adscrita a Función Pública, “no apta” por su grado de ceguera y, por tanto, no puede tomar posesión de la plaza como funcionaria de carrera. “Solo pido que me dejen trabajar, como lo hice sin ningún tipo de problemas hasta mi cese”.
La retinosis pigmentaria que comenzó cuando era niña, no impidió a Uxía formarse como maestra especializada en Pedagogía Terapéutica (PT) en Galicia. “Me salió la oportunidad de la OPE en Canarias y la verdad que con el apoyo de mi marido y mi familia me presenté en
Tenerife y aprobé, logrando en la parte de exposición un 10”.
García optaba a una de las plazas por reserva de discapacidad, por tanto había presentado justificantes de la discapacidad, el grado, etc. “Ellos ya tenían conocimiento de mi discapacidad en diciembre del 2022 y yo hice el examen en julio del 2024, o sea, casi dos años después”. Tras publicarse la relación de seleccionados a principios de agosto, no pasaron cuatro días cuando se puso en contacto con ella la Inspección médica, “necesitan una serie de informes que ya aportados. Entre ellos el de las capacidades funcionales que emitió en mi caso la Xunta de Galicia y otro del Servicio Gallego de Salud (Sergas), “donde indicabab que no había ningún tipo de limitación para desempeñar mis funcinoes en mi ámbito laboral”.
Así, el 2 de septiembre empezó a trabajar en el colegio de Educación Infantil y Primaria CEIP Domínguez Alfonso de La Orotava. En el centro daba apoyo en el Aula Enclave unas cuatro horas a la semana, “yo sola con una auxiliar de apoyo, es decir, en ningún momento estaba sola, y además era la profesora de apoyo NEAE en todos los cursos de Primaria del centro, atendiendo niños entre 6 y 12 años”. Principalmente impartía las materias de matemáticas y lengua y, si algún compañero necesitaba apoyo le informaban. Además cubríó a una compañera tres días en Educación Infantil, fue de excursión con niños, era la secretaria de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) y realizó otras funciones que le correspondían como docente sin ningún tipo de problema hasta su cese.
Encerrona
La inspección médica le envió una cita por SMS en el que la requerían para hacer una entrevista en Santa Cruz el día 5 de septiembre. “Aparentemente era protocolaria, pero desde el inicio me sentí acorralada” por las preguntas. Además le dijeron que les preocupaba que “no habían tenido una docente con tan baja visión”, -falso porque en Canarias hay docentes ciegos ejerciendo, según la ONCE-, y les respondió que “hay 25 tipos distintos de retinosis y evolucionan de diferente manera”. Además, “les preocupaba que un niño se lanzara por la ventana y no me diera tiempo a cogerlo”, una frase que le quedará grabada hasta que se muera. “Tengo un hijo de dos años, lo crío, lo cuido y lo vigilo, y nadie está pendiente ni supervisando”.
Además, “pusieron en duda mis capacidades como docente”, decían que nunca había trabajado como profesora “y no sabían si podría desempeñar bien las funciones”. “Me estaban haciendo sentir mal, no me estaban considerando una persona con discapacidad sino que directamente me estaban llamando discapacitada. En mis 28 años nunca he vivido una situación de discriminación igual”. “Salí de la reunión impactada y preguntándome ¿Qué acaba de pasar?, mi sensación fue que me hicieron una encerrona en toda regla, me evaluaron y vigilaron desde que dí el primer paso en la habitación y al final me dijeron puedes levantarte abrir la puerta e irte, como para ver mi capacidad de ubicar y ver dónde estaba la puerta, coger el pomo, abrirla e irme. Fue prácticamente una encerrona por ser una persona con discapacidad”, recalcó.
El informe de tribunal médico consideró que “no soy apta” argumentando que “no cumplía los criterios visuales establecidos por la guía de la Seguridad Social” cuando “es una guía y no puede ser imperativa, y después no pueden saltarse las leyes superiores que amparan a las personas con discapacidad”. Estaban argumentando con una guía que es “para incapacitar a una persona, cuando yo ya tenía una discapacidad reconocida”.
Mientras seguía su docencia en La Orotava recopilaba documentación para presentar la alegación. Tenía los informes de las capacidades funcionales emitido por médicos de la Xunta de Galicia al igual que el grado de la discapacidad “que tiene el mismo valor en toda España”. Y se puso en contacto con el Decano de Educación de la Universidad de la Coruña por ese “miedo” de que no podría desempeñar bien las funciones. Así le remitieron los informes y las notas de las prácticas realizadas “donde consideraron y vieron que que no tuve ningún problema, sino todo lo contrario, que se veía mejoría en algunos alumnos en su socialización, por mi capacidad de empatía al tener una discapacidad”.
Pese a las alegaciones, en noviembre le llegó la resolución definitiva de cese desde la Dirección General de Personal. El 1 de diciembre ya no se podría incorporar “y para eso se basan en la Guía de los criterios de la SS y en que carezco de autonomía”. Todavía Uxía se pregunta cómo determinaron y justificaron que no tiene autonomía. “Me tienen que evaluar en mi horario laboral”. “Yo voy a continuar por la vía judicial. La inclusión tiene que ser una realidad”, recalcó.
Reunión entre Educación y sus representantes para ver si cabe “alguna solución transitoria”
Tanto la ONCE como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) consideran que el caso de Uxía y el de otros aprobados con discapacidad que también han sido cesados de sus plazas tras la OPE “es un caso de discriminación en el acceso al empleo público y vulneración de los derechos como personas con discapacidad”.
El próximo lunes hay una reunión con la directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para abordar la situación y el colectivo de personas con discapacidad confían en que el Gobierno regional “reconsidere esta decisión”.
Función Pública se argumentó al DIARIO DE AVISOS que “la inspección médica funciona con unos baremos, que son objetivos, para decirdir si es apto o no para según qué tipo de trabajo” y ahora es Educación, que es la dueña de las plazas, “la que tiene que decidir qué hace” con esos docentes, “si llega a un acuerdo y si les ofrece otras plazas, si les pone asistentes de apoyo, etc.”.
Por su parte, la Consejería de Educación confirmó la reunión de la directora general de Personal y Formación del Profesorado con la representación de algunos de los afectados “para ver si cabe alguna solución transitoria para ellas, hasta que la situación sea definitiva”.
Desde el área regional señaló que estos ceses son “algo que está previsto en las bases de las convocatorias, de este y de cualquier proceso selectivo”. Si Inspección Médica, que no depende de Educación, sino que es un cuerpo independiente, adscrito a Función Pública, “considera a alguien “no apto” no puede tomar posesión de la plaza como funcionario de carrera”, argumentó.
Con el informe negativo “nosotros no podemos mantenerlos en el puesto”, por ese motivo “intentaremos buscar medidas transitorias mientras no haya una resolución definitiva a nivel administrativo”.
Al menos una docena
Según apuntan desde varios sindicatos educativos y la información que ha podido recabar este periódico, al menos cinco aprobados podrían estar en esta situación de las diez plazas reservadas para personas con discapacidad, un número que se puede elevar a una docena al contabilizar aquellos que aprobaron en el régimen general.
Hay de todo tipo, además del caso de Uxía hay situaciones muy indignantes como el caso de una maestra con sordera a la que la Comisión de Evaluación Médica ha considerado “no apta” tras sacarse las oposiciones pese a llevar ejerciendo como interina cinco años. De hecho, figura en listados de adjudicaciones de destino publicados por el Gobierno de Canarias.
Argumenta que no cumple los requerimientos para desarrollar la docencia de Pedagogía Terapéutica “debido a sus limitaciones de audición y comunicación”. Requiere apoyo de intérprete, pero también puede comunicarse sin ese recurso.
Desde Educación, los docentes interinos “no pasan todavía esa criba del tribunal médico” y es una vez cuando aprueban la oposición y pasan por el tribunal es cuando “ellos dicen si están aptos y entran y continúan ejerciendo”. Con el informe negativo “nosotros no podemos mantenerlos en el puesto”, pero “intentaremos buscar alguna medida”. Algunos docentes llevarán esta situación a la vía judicial esperando un fallo positivo.
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