La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia de la Fiscalía contra el director del Hogar Santa Rita por el contagio masivo de covid y 27 fallecidos. Antes, el juzgado de instrucción número 2 de Puerto de la Cruz también había archivado las diligencias que abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía en base a un informe de profesionales del hospital de La Candelaria que, a finales de 2020, se hicieron cargo del centro para intentar contener los contagios.
En ese informe reflejaron, aparte de deficiencias en los protocolos para evitar contagios de covid, brotes de sarna, desnutrición y deshidratación, un excesivo espaciamiento entre comidas y menús deficitarios en aporte calórico y proteico.
En el auto, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de apelación de la Fiscalía a la decisión del juzgado instructor de archivar las diligencias, al no apreciar indicios de la comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de su director. En el análisis de la responsabilidad penal del director, la Audiencia recalca que los hechos se enmarcan en “una situación extraordinaria generada por un virus que era desconocido hasta su irrupción” y en el que “había escasez de medios” materiales y humanos.
Respecto a las deficiencias y anomalías reseñadas en el informe de la directora gerente de La Candelaria, la Audiencia indica que “tienen su origen en el mal asesoramiento y en la vaga y genérica evaluación de riesgos” realizada por el servicio de prevención ajeno.
El informe sostiene que, durante la intervención hospitalaria, se constató que los pacientes “intentaban eludir el aislamiento, con lo que no se puede descartar que esa misma actitud se produjera durante el brote”. Otro “hecho relevante” al que alude la Audiencia es el “retraso significativo”, de 18 días, que se produjo en la comunicación a Santa Rita del resultado del primer cribado: un caso positivo, el de una trabajadora; en un segundo, cinco residentes asintomáticos; en el tercero, 18 residentes y cuatro trabajadores; en el quinto, 55 residentes…
Se infiere que “hubo anomalías”, pero “influyeron multiplicidad de factores”. No quedó acreditado si la carencia de medios se debió “a la mala gestión” del director, “a un mal asesoramiento” desde el servicio de prevención o la “carestía generalizada”. Con los datos, “no es posible afirmar” que las muertes o lesiones graves sean “imputables objetivamente a una omisión negligente del investigado”.
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