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El albergue de Santa Cruz no tendrá más plazas para que otros municipios acojan personas sin hogar

El IMAS descentralizará el CMA en un plazo máximo de 3 años y asegura que la ciudad soporta “toda la presión social” de Canarias
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide no criminalizar a los usuarios del Albergue Municipal
El albergue de Santa Cruz no tendrá más plazas para que otros municipios acojan personas sin hogar. DA

Santa Cruz dice basta y “blinda” la oferta actual de 125 plazas alojativas fijas para personas sin hogar, con el objetivo de que otros municipios de la Isla creen sus propios centros de atención social. La concejala del área y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Charín González, anunció ayer que “la capital es la que más recursos destina para albergar a estas personas, mientras que localidades como Adeje, entre otras, no ofrecen ni una sola plaza para pernoctar”. Un hecho que provoca un efecto llamada y que se traduce en que “tengamos que soportar toda la presión social de Canarias”.

La edil afirmó que el Centro Municipal de Acogida (CMA), más conocido como albergue, acogió el pasado año a 869 personas en régimen de alojamiento, mientras que 464 fueron atendidas en calle por Unidades Móviles de Acercamiento (UMA). Además, aseguró que la mayoría no son de Santa Cruz, dato que la portavoz socialista, Alana Chinea, corroboró al afirmar que “del total de sin hogar atendidos, tanto en el CMA, en el Centro de Mínima Exigencia y en calle, el 7,8% son de África; el 83,5% de Europa; el 0,2% de Asia y el 8,5% de América”.

González anunció, en una comparecencia solicitada por el grupo VOX, que “el ayuntamiento incrementará en 700.000 euros el presupuesto para el CMA este año, además de la contratación de nuevos servicios de atención integral por un total de 3,5 millones de euros. El objetivo contempla una mayor intervención con los usuarios, además de aumentar el número de UMA ante el elevado número de casos, muchos con patologías mentales, que están en situación de calle”.

En cuanto al problema de inseguridad denunciado por los vecinos del entorno del albergue, la concejala dijo que se ha aprobado un plan de choque que incluirá más presencia policial, cámaras de seguridad y más iluminación en la zona para evitar situaciones como trapicheo de drogas, micciones y defecaciones en la vía pública. “Son situaciones complicadas para las que ya estamos trabajando, apuntó, al mismo tiempo que aseguró que “este plan incluirá la descentralización del albergue para, en dos o tres años, reducir las plazas actuales y redistribuir a los usuarios en tres o cuatro centros de entre 25 y 30 plazas cada uno”.

Sobre la futura ubicación de estos pequeños centros de atención social, González descartó que se ubiquen en polígonos industriales, tal y como pedían los vecinos, sino que “estarán en zonas bien conectadas, que cuenten con servicios”. Así recalcó que “la finalidad es evitar más presión social y disponer de recursos de atención en distintas ubicaciones del municipio”.

Edificio Alejandro

Por otra parte, la concejala de Atención Social compareció, a petición del PSOE, para explicar la situación del edificio Alejandro, ubicado en el barrio Nuevo Obrero de Ofra, en el que viven familias de okupas que llevan años pidiendo al Ayuntamiento capitalino una alternativa habitacional o un alquiler ajustado a sus ingresos. Tras varios desahucios, el próximo 27 de febrero ya se han comunicado dos nuevos lanzamientos a familias.

La edil recordó que, “desde el año 2013, se han ofrecido muchos recursos a estas personas, tras los informes de trabajadoras sociales, en base a prestaciones sociales para recursos básicos o un alquiler más asequible que ha ofrecido el actual propietario del inmueble. A pesar de todo seguimos en la misma situación, aunque siempre cualquier familia en situación de vulnerabilidad tendrá el apoyo del IMAS”.

Asimismo, anunció que la próxima semana mantendrá una reunión para intentar explorar vías que logren paralizar los nuevos desahucios y buscar alternativas alojativas. A todas las personas en situación de vulnerabilidad se las trata igual”, sentenció. Al respecto, la edil socialista, Alana Chinea, exigió al gobierno local que “cumpla con el acuerdo alcanzado en pleno el pasado julio para instar al Gobierno canario a comprar este edificio”.

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