Las bibliotecas públicas son espacios imprescindibles en el desarrollo y la cimentación de las sociedades democráticas que se han ido transformando. Han pasado de concebirse como un lugar de estudio en el que habitaba el silencio a otro de convivencia, de intercambio de información y análisis, a ser vistas como laboratorios de ideas donde las personas confluyen para ayudarse de muchas maneras y compartir. En definitiva, un espacio donde se ha incrementado la idea de socialización y se atiende lo que pasa en el exterior, por eso sus responsables buscan que estén activas y sean muy dinámicas.
Sin embargo, todos estos propósitos se rompen cuando se vulnera el acceso abierto, es decir, que todas las personas pueden acceder a cualquier tipo de información en una biblioteca pública independientemente de las fuentes y recursos con los que cuenta y en igualdad de condiciones con el resto.
Eso fue lo que sucedió en la biblioteca de Burriana, en Valencia, donde desde 2023 se eliminaron suscripciones de revistas en catalán y se retiraron libros de temática LGTBI de una sala infantil y juvenil argumentando que eran de contenido pornográfico y escandaloso, y se intentó llevarla a otra parte de la biblioteca. La decisión fue del concejal de Vox, Jesús Albiol, amparándose en el artículo 20 de la Ley 4/2011, de 23 de marzo, de Bibliotecas de la Comunitat Valenciana.
Este hecho llamó la atención de Francisco Javier León Álvarez, auxiliar de la Biblioteca Pública Municipal de La Orotava, donde trabaja desde diciembre de 2001, quien decidió analizar los efectos y las consecuencias negativas de la censura en las bibliotecas públicas de España en los últimos cuatro años desde la percepción de los profesionales de Canarias, entrevistando a un total de 60 compañeros de todas las islas.
Francisco Javier siempre mostró interés en seguir formándose porque entiende que hacerlo es necesario para ofrecer un servicio de mayor calidad al ciudadano.
Con esta filosofía, este vecino de Santa Úrsula presentó en la Universidad de León Tiempo de silencio. La práctica de la censura en las bibliotecas públicas municipales en España entre 2020 y 2024 a través de la percepción de los profesionales de las bibliotecas públicas de Canarias, un trabajo inédito y pionero en España dado que es la primera vez que se aborda esta praxis negativa en el contexto de las bibliotecas públicas.
Decidió investigar sobre este tema tras lo ocurrido en Burriana, donde la alianza entre el PP y Vox sigue teniendo consecuencias en la biblioteca municipal. El jueves, su directora compareció en una comisión informativa del Ayuntamiento para hacer públicas las trabas a su labor y denunciar que se siente “acosada, perseguida y objeto de un ensañamiento injustificado” por parte del citado concejal, según publica el periódico El País.
En concreto, se refirió a que desde mayo de 2024 trasladó a Cultura hasta ocho propuestas de compra de libros -cerca de 300 referencias- que Albiol no ha firmado.
El acceso abierto en las bibliotecas es propio de estados y sociedades democráticas y eso está directamente relacionado con la pluralidad, tanto informativa como de la colección, que tiene que atender a las necesidades que tenga la comunidad donde se asienta. “Eso también está directamente relacionado con la libertad de expresión y de pensamiento y no se puede coartar”, subraya León.
“Valencia ha sido el foco donde se empezó a aplicar la censura en las bibliotecas con políticas que iban en contra de la gestión bibliotecaria que vulneraban el ambiente democrático de las mismas. No se descarta que la misma situación se pueda estar produciendo en otras comunidades, pero hasta ahora no ha sido reflejado en noticias”, aclara Francisco.
Consultado si en Canarias hay constancia de una situación similar, sostuvo que este tema “es muy sensible y por lo tanto difícil de abordar ya que los profesionales de las bibliotecas están acostumbrados a hablar de lectura, de estadística, de fomento, mientras la censura y la política generan rechazo. Por eso se les dio la posibilidad a los encuestados de expresar de manera anónima lo que quisieran sobre el tema de la censura”.
El cuestionario se envió a 161 bibliotecas públicas del Archipiélago y respondieron 60 personas, un número que considera “un triunfo” al tratarse de un tema delicado.
Entre las opiniones vertidas, dos destacaron que habían sufrido la censura en las islas pero en un período anterior al analizado y además, que se podía comprobar. Una de ellas argumentaba que se le habían puesto “cortapisas” en la adquisición de libros y la otra, hablaba de un compañero anterior.
“No podemos saber exactamente si fue así porque no se ha trabajado este tema y por lo tanto, habría que hacer una investigación muchísimo más extensa para tener un mapa de aproximación en un periodo determinado para ver cómo ha afectado la censura y si realmente lo ha hecho”.
No obstante, en su trabajo queda reflejado que en las instituciones canarias donde trabajan los profesionales que realizaron los sondeos no se han registrado quejas de los y las usuarias entre los años 2020 y 2024 por la presencia de documentos relacionados con temáticas diversas, incluido el contenido LGTBI+. “Esto demuestra que la ciudadanía respeta y valora positivamente el carácter plural en los contenidos de la colección de su respectiva biblioteca pública”, sostiene.
Recuerda que lo sucedido en Burriana fue de tal magnitud que en 2023 se llevó al Parlamento Europeo por parte de la eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Diana Riba. “La comisión respondió que iba a investigar si se estaba vulnerando la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además, se iba a nombrar una comisión de expertos para establecer unas pautas con el fin de reforzar el derecho que tienen las bibliotecas públicas del acceso a libros de información”, comenta.
Su trabajo ha sentado un pilar fundamental para saber en qué estado se encuentra el tema de la censura a raíz de lo ocurrido en Valencia y no descarta ampliarlo a todas las provincias de España. “Hubo compañeros que se asombraban que en 2024 se hablara de censura en un país democrático como España y empezaban a pensar que si esto se puede reproducir en cualquier otro sitio supondría un gravísimo problema, y como profesionales tenemos que tomar conciencia de eso”.
A su juicio, existe una idea “europeísta” que la censura se aplica a países subdesarrollados, pero no es así, “también tiene lugar en sociedades constitucionales”. Debido a ello hace hincapié en la necesidad de crear un Observatorio Nacional de la Censura para monitorizar y evaluar esta práctica y evitar que se reproduzca.
También cree, igual que los compañeros encuestados, que el papel del Consejo de Cooperación Bibliotecaria es fundamental, y recomienda que edite un documento “en el que explique en qué consiste la libertad de acceso a la información en esas bibliotecas”. De ese modo, “los profesionales tendrían un marco de actuación común para hacer frente a posibles prácticas censoras en sus respectivos centros de trabajo”, añade.
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