Desde fuera, a través de los cristales, se podía ver ayer una pila de cojines amontonados y cajas en el piso. Por fuera, los productos de limpieza y algunas sombrillas recogidas confirmaban una decisión que a Roberto Daniel Gómez le costó mucho tomar: el cierre de su local, el bistró y cafetería Baires Café.
Ubicado justo frente de Playa Jardín, ha sido el primer negocio en sufrir los efectos directos de la situación de la cala, declarada no apta para el baño desde hace siete meses por la presencia de vertidos fecales cuyo origen todavía se desconoce.
“Me duele en el alma tener que poner fin al negocio porque, con mi esposa, hice mucho sacrificio para poder abrirlo y le pusimos tanto amor al lugar que era un sitio precioso, pero me bajó la facturación un 80% y no puedo subsistir”, confiesa Roberto a este periódico.
Empezar de cero no es para él nada nuevo. Tampoco para su esposa, Rosa Beatriz Cabrera Silva. Durante la pandemia, el matrimonio regentaba un restaurante en Santa Cruz que sufrió las consecuencias derivadas de la covid-19. Vendió todo lo que tenía y decidió probar suerte en Puerto de la Cruz, que, pese a las restricciones por la pandemia, consiguió ser un punto de referencia y mantener el turismo bajo control sanitario.
Pero la situación de Playa Jardín lo cambió todo. “Ya no tengo resto para una nueva apertura y, por lo tanto, no me queda otra alternativa que empezar a trabajar por cuenta ajena. Por suerte, no teníamos empleados, sólo trabajábamos nosotros”, aclara.
El Baires Café abrió sus puertas hace poco más de dos años y atraía cada día a decenas de turistas. A la semana de desaconsejarse el baño en el lugar, su clientela, como la de otros establecimientos de la zona, comenzó a disminuir, casi a la par que los usuarios de la playa.
“Desde el negocio, veíamos que la gente llegaba y, al ver las cintas y los carteles con la recomendación de no bañarse, se iba”, apunta.
Asegura que el ayuntamiento no le proporcionó ninguna ayuda. “Después de hablar, pedir y hacer un montón de papeles, nos ofrecieron mil euros, pero nos quieren cobrar más de dos mil por la tasa de basura, algo que no entiendo, unos 600 euros por año, cuando en Santa Cruz pago anualmente 60 euros, diez veces menos”.
Es la primera víctima real del cierre de Playa Jardín, aunque cree que, a la larga, no será el único. Los negocios que “sobreviven” llevan muchos años asentados en el barrio.
No es su caso, aunque trabajaba muy bien porque “ofrecíamos un producto diferenciado que tenía una buena aceptación y habíamos conseguido una clientela fija, tanto de gente del pueblo como de turistas nórdicos y alemanes, principalmente. Fueron ellos mismos quienes les trasladaron su pesar por la situación que vive el barrio de Punta Brava “y su decisión de apostar por el sur de la Isla u otro destino que también les ofrezca buen clima frente al frío que tienen en sus países”, se lamenta Roberto.
“Nos engañan, saben perfectamente que en el verano no se podrá abrir”
La plataforma Stop Vertidos al Mar lamenta que, desde noviembre de 2024, no se haya celebrado ninguna reunión de la mesa técnica para el seguimiento de las obras de reparación del emisario submarino de Punta Brava. “El mes pasado nos llamaron para avisarnos de que no se habían licitado y, por lo tanto, no había más información hasta el momento”, confirma su presidenta, Tania Hernández.
Asegura que desde el ayuntamiento le prometieron que se pondrían en contacto con la plataforma cuando tuviesen novedades, pero eso todavía no ha sucedido, “y aún no se han licitado las obras, por lo que se trata de otra promesa sin cumplir”, critica.
Hernández recuerda que el alcalde, Leopoldo Afonso, dijo que en verano estaría abierta la playa al baño y lo considera “otro engaño a la ciudadanía porque sabe perfectamente que eso no va a ocurrir, ya que los trabajos tienen un plazo de 16 meses y ni siquiera han comenzado”.
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