E. O. S. – A. M. S. | El Gobierno ha pactado con la patronal y los sindicatos conceder a las mutuas un papel más activo en la recuperación de los trabajadores, con el objetivo de abordar el incremento de bajas y sus plazos. Para ello, habrá que cerrar los correspondientes convenios con las comunidades autónomas. El primero ha sido con Baleares. El texto del convenio (y sus condiciones) es el mismo para todos los territorios. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, espera que todas las regiones se hayan adherido a esta medida antes de junio.
Con esta actuación, se pretende facilitar la actividad de las mutuas y acelerar los procesos de recuperación de los trabajadores en baja laboral, que se han disparado en los últimos años.
El gasto en prestaciones derivadas de situaciones de incapacidad temporal motivadas por enfermedad común, relacionados por problemas sanitarios, subió el 91,6% entre 2018 y 2023, tal y como se desprende de un informe elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, para la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea). La intención del Ejecutivo es que una mayor implicación de las mutuas en la recuperación de los trabajadores conlleve un beneficio económico para las administraciones públicas.
El Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo enviado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas a la Comisión Europea recoge que esta iniciativa se traducirá en un ahorro de media décima de PIB cada año, que equivale a unos 800 millones.
Hace unos meses, el ministerio que dirige Elma Saiz llegó a un acuerdo en el seno del diálogo social para que las mutuas de la Seguridad Social y sus recursos se empleen en los procesos de diagnóstico y recuperación de los trabajadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
Se trata de poner coto al absentismo y a los efectos de las incapacidades temporales en la productividad de las empresas, además de facilitar la recuperación del estado de salud de los trabajadores. “Los convenios de colaboración entre las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, las mutuas y la Seguridad Social mejorarán la gestión de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes”, recoge el documento remitido a Bruselas por el departamento de Carlos Cuerpo. “El uso de los recursos humanos y materiales de las mutuas permitirá diagnosticar a los trabajadores e iniciar sus tratamientos con mayor celeridad lo que mejorará su salud, optimizando los procesos de incapacidad temporal. Se aplicará a los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes que afecten a trabajadores en situación de incapacidad temporal en los que la cobertura de la prestación corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social”.
Los convenios conciernen a “patologías de origen traumatológico y se prevé que reducirán la duración media de los procesos de contingencia común hasta el promedio actual de la duración de todos los procesos por contingencias comunes y contingencias profesionales, con una reducción calculada en el gasto de media décima de PIB anual”. Lo que no queda del todo claro es si este ahorro se refiere las prestaciones (lo que tiene que abonar la Seguridad Social al trabajador durante su baja) o al propio gasto sanitario público.
Cambio de enfoque
El Gobierno rectificó su enfoque sobre la gestión de la incapacidad temporal después de la oposición frontal de los sindicatos a la idea de permitir bajas flexibles. En octubre de 2024, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, defendió uno nuevo: la reincorporación gradual, bajo supervisión médica y después de recibir el alta. Al término de una reunión con sindicatos y patronal, Suárez explicó entonces que esta reincorporación gradual está pensada para circunstancias en las que el retorno a tiempo completo después de una baja prolongada podría resultar problemático o incluso conducir a recaídas. La idea es volver de forma parcial, combinando su recuperación con una actividad adaptada. La propuesta inicial ya había sido rechazada por los sindicatos, que la calificaron de “frívola e irresponsable”.
Representantes de CC.OO. y de UGT insisten en que se debe priorizar la salud y evitar que se presione a los empleados para reincorporarse antes de estar completamente recuperados: “La reincorporación al trabajo solo puede ser contemplada una vez que el trabajador haya recibido el alta médica. El concepto de bajas flexibles es una aberración”. Tras el ruido generado, el entorno de Elma Saiz negó que se hubiera planteado la creación de una baja flexible y voluntaria.
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