El grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de La Laguna ha denunciado este viernes el “colapso habitacional” que padece el municipio, en el que apenas se ofertan 49 pisos de alquiler residencial a precios que oscilan entre los 600 y los 3.200 euros, frente a 560 viviendas vacacionales.
En un comunicado, Unidas Podemos arremete contra la “dejación de funciones” del gobierno municipal y del Cabildo de Tenerife en el “control real” de la situación de los alquileres vacacionales y el “nulo uso” de los recursos existentes en la Ley de Vivienda vigente.
El edil Rubens Ascanio recalca que el mapa sobre el alquiler vacacional recientemente difundido plasma “uno de los mayores problemas que supone un daño directo a la vida de muchas familias, debido al incremento descontrolado de los precios de los alquileres y el valor de las viviendas”.
Unas cifras que, opina Ascanio, “son incluso más preocupantes si se miran los datos oficiales del Gobierno de Canarias”, ya que según su Registro Oficial constan 1.017 viviendas para alquiler vacacional identificadas en La Laguna.
Un municipio en el que, recuerda, hay más de 2.000 familias demandantes de vivienda pública y donde la inversión en materia de vivienda “se ha diluido” en el presente mandato a nivel local.
Señala como “ejemplo más claro” la devolución de más de cuatro millones de euros de una subvención para la puesta en marcha de viviendas sociales en el municipio, “algo difícil de explicar en el contexto actual”.
Idaira Afonso, concejala y coportavoz de Unidas Podemos, detalla que solo en la comarca nordeste de La Laguna hay más de 350 viviendas vacacionales, con Bajamar y Punta del Hidalgo al frente de este tipo de usos.
La edil comenta que, tanto en el anterior mandato como en el actual, han pedido en varias ocasiones “que se persigan los pisos clandestinos, que se aplique la Ley de Vivienda y se declare La Laguna zona tensionada”, pero desde las instituciones local e insular “miran para otro lado”.
Afonso llama la atención sobre la ausencia de las labores de control de este tipo de negocio, donde el Cabildo “no ejerce las funciones de control como policía de la vivienda que tiene encomendadas”.
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