La Asociación Tierra Bonita, formada por personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma, ha presentado sendas denuncias ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la Diputada del Común, Dolores Padrón, para que intercedan ante la negativa del Gobierno de Canarias a divulgar las grabaciones de las reuniones del Pevolca previas a la erupción de 2021.
Según explican en su escrito, el acceso a ese material, correspondiente al comité Científico y de Dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, es fundamental para esclarecer por qué no se activó la evacuación preventiva pese a que los científicos alertaban de la inminencia del fenómeno. La asociación sostiene que ni siquiera se avisó a los vecinos de las zonas donde el riesgo era mayor la mañana del 19 de septiembre, fecha en que comenzó la erupción.
Tierra Bonita denuncia la inexistencia de actas oficiales de esas reuniones, algo que contraviene lo que establece la normativa del propio plan de emergencias. A pesar de ello, el Gobierno de Canarias ha admitido la existencia de grabaciones, aunque considera que “no tienen relevancia pública”. La asociación ha solicitado que esa documentación se publique, anonimizada si es necesario, y ha exigido un informe jurídico independiente que valore la legalidad de su ocultamiento.
Además, pide que se revise el informe que en su día emitió el Defensor del Pueblo sobre la gestión de la emergencia, al que atribuyen “lagunas importantes”, como no abordar la ausencia de evacuación previa, el ocultamiento de las grabaciones o los múltiples testimonios de afectados.
Advertencias ignoradas y evacuación tardía
Tierra Bonita adjunta un dossier en el que se recogen indicios de que la erupción era previsible y que, aun así, no se activaron los protocolos de alerta ni se trasladó la información a la población en riesgo. Incluso asegura que se desaconsejó a algunos vecinos asistir a reuniones informativas, mientras que sí se informó a zonas menos expuestas.
También apunta que miembros del comité científico, como los del IGN, IGME, Involcan o IEO, admitieron posteriormente que habían advertido del peligro inminente, aunque esas versiones fueron modificadas tras la polémica pública y la presentación de una querella penal.
La asociación considera que la falta de evacuación preventiva contribuyó a que muchas personas tuvieran que autoevacuarse en condiciones caóticas, con pérdida de objetos, animales y enseres personales, y expuestas a graves riesgos.
Reclamación por transparencia
Tierra Bonita advierte de que negar el acceso público a las grabaciones del PEVOLCA puede convertirse en un precedente muy grave para futuras emergencias. Reclaman que se activen todos los mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la información, depurar responsabilidades y evitar que se repitan errores en la gestión de catástrofes.
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