La Diputada del Común, Dolores Padrón, apremió ayer a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a “intervenir urgentemente” en la organización del Hospital Universitario de Canarias (HUC), especialmente en el Servicio de Urgencias, calificando de “es indeseable e indigno” para los ciudadanos del norte de la Isla.
Padrón afirmó en relación a la crisis planteada en el HUC que “ha abierto una investigación de oficio en las Urgencias, y pedimos que la Consejería de Sanidad intervenga urgentemente”. “La crisis dura demasiado. Lo que hemos visto en el HUC es indeseable e indigno para los ciudadanos y ciudadanas del norte de Tenerife”. Aunque la investigación de la Diputación se ha ceñido a todas las urgencias de Canarias, “hemos abierto la queja de oficio exclusivamente para el HUC”.
El Defensor del Paciente en su informe de 2024 señalaba el mayor número de quejas mayor de los servicios de Urgencias de toda España la tiene el HUC. “No podemos hacer como que no pasa nada. Es una situación de crisis y se ponen en peligro las vidas de muchas personas, el sistema y a los médicos de Urgencias que quieren quedarse y prestar vocacionalmente su servicio en la comunidad”, señaló.
Discapacidad
Otro área importante es el de la discapacidad, que acumula el 18,8% de las quejas en la Diputación del Común, sobre todo por el retraso del reconocimiento de grado, siendo el área mayor crecimiento, con el 94,52%. Lamentó que “existe una sobrecarga de los equipos de valoración causando listas de espera de hasta 5 años para la resolución de solicitudes impidiendo el ejercicio de derechos y beneficios. Destacó la desigualdad territorial, ya que la fragmentación territorial y el hecho insular provocan tiempos de espera desiguales entre las islas.
Dolores Padrón insistió en la “necesidad urgente de poner en marcha un plan de choque”, puesto que “se le están coartando los derechos a más de 600 personas, que son las quejas que tenemos en la Diputación, pero que suponemos que es solo la punta del iceberg de muchísimas familias que no pueden acceder a derechos regulados y que le permiten acceder en condiciones a temas de empleo, apoyo familiar a niños con problemas de discapacidad o becas”.
En este punto, insistió en las quejas que “tienen un impacto en los menores”, por ejemplo, en niños con trastornos del espectro autista (TEA) debido a la demora en la resolución de sus solicitudes, “lo que afecta su desarrollo e integración”. “Por tanto, se da una necesidad de medidas correctoras: Urge reforzar la gestión de los procedimientos de valoración de la discapacidad, especialmente en casos prioritarios” aseguró.
Vivienda
Otra materia que preocupa a los canarios es la vivienda. Dolores Padrón señaló que “es el problema más gordo”, pues “impide que las familias avancen”, y aunque cree que usar la RIC para construir viviendas en alquiler asequible es una “buena” idea, fallan los mecanismos para dar “celeridad” a la medida. Lamentó la falta de personal en esos departamentos y una “burocracia inútil” que impide acceder con facilidad a las ayudas. “No hay un parque de viviendas públicas para dar respuesta a aquellas familias que se quedan en la calle” y hay muchas que “viven de alquiler y que en este momento tienen miedo porque los precios siguen subiendo”.
Por ello, instó a regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas porque muchas familias “no saben si mañana o dentro de un mes van a estar en situación de vulnerabilidad y hay una responsabilidad de la administración”.
Por último, recordó las quejas en las áreas de Dependencia (un 14,7%) o Servicios Sociales, un 8,9%, sobre todo por la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Canaria de Ciudadanía que “siguen creciendo” y que son aquellas “redes que permiten que la cohesión social se mantenga, y no dejan caer a las familias más vulnerables”.
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