El Partido Popular (PP), bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, afronta la mayor oleada de procesos judiciales por corrupción de su historia reciente. A la vuelta del verano, el calendario de macrocausas amenaza con desencadenar una batería de sentencias, muchas de ellas presumiblemente condenatorias, que pueden sacudir los cimientos de la formación conservadora y condicionar el pulso político con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso tras el caso Cerdán.
El PP, consciente de la gravedad de la situación, intensifica su estrategia de desgaste contra el Ejecutivo socialista, buscando forzar un adelanto electoral antes de que el impacto judicial erosione aún más su imagen pública.
Más de 150 cargos implicados y 28 procesos abiertos
El PP de Feijóo acumula actualmente 28 juicios abiertos por corrupción, con más de 150 cargos públicos implicados. Entre las macrocausas más mediáticas figuran Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Erial, Novo Carthago, el Campus de la Justicia de Madrid y la desaladora de Escombreras en Murcia, además de otros procedimientos menores. La magnitud de las tramas y la relevancia de los implicados -que incluyen a exministros, expresidentes autonómicos y altos cargos- sitúan al PP ante un escenario judicial sin precedentes.
Entre los nombres más destacados figuran el expresidente Mariano Rajoy (implicado en la Operación Cataluña), el exvicepresidente (con Aznar) Rodrigo Rato, la exministra Ana Mato, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana y varios líderes regionales. Las penas solicitadas por la Fiscalía son abultadas: en el caso de Rodrigo Rato, por ejemplo, se pide años de cárcel por el origen de su fortuna; para el exministro Fernández Díaz y para el exsecretario de Estado Francisco Martínez, la petición asciende a años de prisión por su presunta implicación en la Operación Kitchen.
Otoño de juicios y sentencias
El calendario judicial que se avecina resulta demoledor para el PP. Entre los hitos más relevantes destacan:
- Caso Rato (Audiencia Provincial de Madrid): Rodrigo Rato, tras haber cumplido condena por el caso de las tarjetas Black, ha recurrido una nueva condena por el origen de su fortuna.
- Caso Erial (Audiencia Provincial de Valencia): Eduardo Zaplana fue condenado en octubre de 2024 a 10 años y 5 meses de prisión por blanqueo y cohecho, aunque la sentencia no es firme y puede recurrirse.
- Operación Púnica (Audiencia Nacional): el juicio principal sobre el amaño de contratos municipales por más de 224 millones de euros comenzó en abril de 2025. Hay 37 acusados, incluidos nueve exalcaldes del PP.
- Operación Kitchen (Audiencia Nacional): el juicio está fijado para mayo-junio de 2026. Se juzga la trama policial ilegal para espiar al extesorero Bárcenas.
- Caso Novo Carthago (Murcia): el proceso por urbanización ilegal se ha pospuesto hasta septiembre de 2025.
- Caso Campus de la Justicia (Audiencia Nacional): en septiembre de 2024, Alfredo Prada fue condenado a 7 años de prisión por prevaricación y malversación.
- Caso Desaladora de Escombreras (Murcia): Ramón Luis Valcárcel enfrenta, desde julio de 2024, una causa por presunta malversación y fraude.
- Caso Gürtel: varias piezas siguen activas, con sentencias próximas contra figuras destacadas y recursos pendientes ante el Supremo sobre la caja B del PP.
- A estos procesos se suman otros casos como Lezo, investigaciones sobre cajas de ahorros y el rescate de autopistas radiales, todos ellos con el PP como responsable civil o con exdirigentes imputados.
Tormenta judicial
La dirección del PP atribuye la mayoría de estos casos a etapas anteriores, desvinculando a la actual cúpula de Feijóo de las prácticas corruptas. Sin embargo, la oposición y amplios sectores de la sociedad consideran que la acumulación de causas refleja una corrupción sistémica en el partido. El propio presidente Pedro Sánchez ha denunciado públicamente la existencia de lawfare o utilización política de la justicia, citando, a su vez, operaciones de persecución de partidos a cargo del PP.
En paralelo, el Partido Popular ha intensificado su ofensiva parlamentaria y mediática contra el Gobierno de Sánchez, máxime tras el caso Cerdán, con el objetivo de desgastarlo y generar un clima de inestabilidad que fuerce un adelanto electoral, previsto inicialmente para 2027. El temor en Génova es que una cascada de sentencias condenatorias en los próximos meses termine por desmovilizar a su electorado y debilitar su posición frente a Vox y el resto de la oposición.
El desarrollo de estos procesos ha estado acompañado de polémicas sobre la imparcialidad judicial. Magistrados como Enrique López y Concepción Espejel han sido apartados de varios tribunales por sus vínculos con el PP, tras ser recusados por la Fiscalía y la acusación popular. Estas recusaciones han alimentado el debate sobre la instrumentalización de la justicia y la necesidad de garantizar la neutralidad de los tribunales en causas con fuerte carga política.
Horizonte incierto para el PP
La intensa actividad judicial convierte al PP en la formación política con más procesos abiertos por corrupción en España. Hasta 2029, los tribunales marcarán la agenda política y judicial, con el partido obligado a gestionar el desgaste mediático y la presión interna. El desenlace de estas causas será determinante para la credibilidad del PP y para el equilibrio de fuerzas en el tablero político nacional.
La pregunta que planea sobre el otoño político español es clara: ¿resistirá el PP la embestida judicial o las sentencias forzarán un cambio de ciclo en el liderazgo de Feijóo? El tiempo y los tribunales tienen la última palabra.
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