La reciente decisión del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna de demoler un inmueble municipal adquirido en 2023 ha generado un nuevo cruce de acusaciones entre los dos grupos políticos locales.
Coalición Canaria (CC) criticó ayer lo que considera una gestión negligente por parte del gobierno local del PSOE, mientras que desde el consistorio defienden que el edificio será sustituido por un centro sociosanitario.
Según explicó el portavoz de CC, Jesús Manuel Quijada, el Ayuntamiento compró el inmueble hace dos años por un valor de 300.000 euros, sin contar, aseguró, con informes técnicos que avalaran su idoneidad. “El edificio no cumple con las normativas arquitectónicas y urbanísticas vigentes, algo que debería haberse detectado antes”, afirmó.
Los nacionalistas apuntaron que la demolición supondrá un coste adicional estimado en 100.000 euros, también con fondos públicos, a la vez que le plantean varias preguntas al grupo de gobierno: “¿Quién autorizó la compra sin contar con los informes necesarios? ¿Se ocultó a la ciudadanía que existía riesgo de derribo?”.
El portavoz nacionalista chasnero insistió en que este episodio refleja un “despilfarro inadmisible” en un municipio con necesidades urgentes.
Desde el Ayuntamiento, se confirmó ayer que el derribo es necesario, ya que el edificio, ubicado en el centro del pueblo y próximo al centro de salud, excedía la altura permitida según la normativa vigente. Aseguran que, en esa misma parcela, se construirá un nuevo centro sociosanitario, cuyo proyecto de ejecución está previsto comenzar el próximo año con financiación del IASS.
CC criticó también que los 100.000 euros destinados al derribo del edificio formen parte de un crédito bancario de 1,2 millones de euros con un plazo de devolución de 15 años, lo que, en palabras de su portavoz, representa “una hipoteca para el futuro del municipio”. Desde el Ayuntamiento explican que esta financiación fue necesaria ante la imposibilidad legal de usar los 600.000 euros disponibles en remanentes para inversiones, ya que solo pueden destinarse a amortizar deuda.
La alcaldesa, Agustina Beltrán, aclaró además que Vilaflor no tiene deuda pendiente y que la decisión de acudir al crédito se tomó con la intervención municipal, asegurando que es una operación sostenible.
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