El problema de los coches abandonados en el sur de Tenerife no es nuevo. La incívica costumbre de dejar chatarras oxidadas y desguazadas en la vía pública y en solares genera focos de suciedad y de inseguridad, y además eliminan aparcamientos y afean el paisaje.
Aunque los ayuntamientos insisten en que se contacte con las policías locales para activar el mecanismo, gratuito, para la retirada de vehículos inservibles, lo cierto es que en muchos casos son los propios vecinos los que suelen avisar sobre la presencia de coches con evidentes signos de abandono, como gomas en el suelo (a veces incluso la carrocería aparece sobre cuatro bloques), cristales rotos o la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vencida.
Se da la circunstancia de que los dueños de algunos automóviles optan por desentenderse de ellos en lugares próximos a talleres de reparación al no poder hacer frente al coste de los arreglos, lo cual les expone a una sanción económica.
La imposibilidad de contactar con los titulares dificulta el problema y retrasa la solución, ya que, en esos casos, entran en liza las ordenanzas municipales que contemplan la apertura de un expediente, que fija un plazo legal para darlo de baja; la declaración de residuo sólido y el envío a un centro autorizado de tratamiento.
San Miguel de Abona es uno de los municipios del Sur donde más preocupa este problema. Su ayuntamiento informó ayer que durante el año pasado se tramitaron 341 expedientes y se retiraron 294 vehículos, y en lo que va de 2025 ya van 147 expedientes y 165 retirados.
El consistorio defiende actuar con “responsabilidad y firmeza” y subraya la importancia de la colaboración ciudadana para mantener las “calles más limpias”. Además, reclama un “uso responsable” del espacio público y pide que se realicen los trámites necesarios para la gestión de los vehículos en desuso. Se calcula que alrededor de un millar de automóviles inutilizables se retiran cada año en la comarca sureña.
Comunidades de vecinos y organizaciones ecologistas reivindican más campañas informativas, la implantación de un sistema ágil de denuncias ciudadanas e incluso un endurecimiento de las sanciones para evitar la acumulación de vehículos abandonados en la vía y espacios públicos, así como la saturación de los depósitos municipales.
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