En los primeros meses de 2025, más de 2.400 personas al día perdieron su empleo en España por no superar el periodo de prueba. Esta cifra, que equivale a más de 730.000 despidos anuales, refleja una tendencia preocupante en el mercado laboral español.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y marzo de 2025 se registraron 136.423 bajas por no superar el periodo de prueba, lo que representa una media de aproximadamente 7.346 extinciones diarias. De estas bajas, el 46,1% correspondieron a trabajadores con contrato indefinido, lo que indica que el periodo de prueba se está utilizando en ocasiones como una herramienta para evitar indemnizaciones y costes asociados al despido.
Sara González, CEO de The Cornerstone Talent, y experta en empleo, asegura que “muchas empresas ven el periodo de prueba como un mecanismo para probar al empleado sin asumir costes. Esto genera una rotación muy alta y una pérdida de know-how que las compañías suelen subestimar”.
En Canarias, la situación es aún más preocupante. Según datos de USO Canarias, en julio de 2025 se destruyeron 4.000 puestos de trabajo indefinidos, y un 34% de los contratos duró menos de un mes. Además, uno de cada cinco contratos duró menos de una semana, evidenciando que la alta rotación laboral está directamente vinculada al uso del periodo de prueba como instrumento de reducción de costes.
El abuso del periodo de prueba tiene múltiples consecuencias para las empresas. La pérdida de know-how es inmediata: la experiencia y el conocimiento se van antes de consolidarse, y la constante entrada y salida de empleados interrumpe los procesos de trabajo, afectando la productividad. Además, la inestabilidad laboral genera desconfianza y debilita la cohesión de los equipos, erosionando la cultura empresarial. Por último, la alta rotación también puede dañar la reputación de las compañías, dificultando la atracción y retención de talento cualificado, algo especialmente crítico en sectores como la tecnología y la innovación.
Sara González subraya que “limitar la duración del periodo de prueba, exigir evaluaciones objetivas y documentadas, e incluso sancionar abusos, protegería tanto a los trabajadores como al know-how que es clave para la productividad de cualquier empresa”.
Además de los efectos directos en las empresas, el abuso del periodo de prueba tiene implicaciones económicas a nivel nacional. España presenta una baja productividad por hora trabajada, con 42,7 euros frente a los 45,9 euros de la media de la Unión Europea, según datos de 2022. La rotación laboral, que afecta al 11% de los ocupados, es la más alta de la Unión Europea y cuestiona la sostenibilidad de la creación de empleo. La constante rotación genera costes adicionales en procesos de selección, formación y adaptación, sumados a la pérdida de productividad asociada a la continua incorporación y salida de empleados.
El abuso del periodo de prueba representa una amenaza para la estabilidad laboral en España y, en particular, en Canarias. Ser más estrictos en su aplicación no solo protegería a los trabajadores, sino que también fortalecería la experiencia acumulada, la productividad y la reputación de las empresas. En palabras de Sara González; “la reforma laboral futura debería abordar este desequilibrio y garantizar que la contratación sea realmente justa y sostenible.”
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