La primera jornada del paro indefinido a la que han sido convocados los médicos de Canarias y que en principio está previsto que tenga lugar hasta el próximo viernes tuvo ayer un seguimiento del 65% de los facultativos afectados por la causa que ha generado el mismo, un dato facilitado en Gran Canaria por un representante del Sindicato Médico de Canarias (CESM) que posteriormente fue avalado por sus compañeros en la provincia tinerfeña como el correcto para todo el Archipiélago.
Por el contrario, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico se aseguró que solo el 9% de las plantillas había ido a la huelga, motivada por la celebración de unas pruebas previstas para la semana que viene y relacionadas con el actual proceso de estabilización pese a que aún se desconoce los resultados de unos exámenes llevados a cabo anteriormente por la misma causa.
En concreto fue el portavoz del CESM en la provincia oriental, Eric Álvarez, quien dio la cifra del 65% en declaraciones recogidas por Efe, mientras que su compañero en la de Santa Cruz de Tenerife, Levy Cabrera, los dio por ciertos en posterior conversación con este periódico.
Además, Álvarez detalló que se siente “satisfecho” por la respuesta dada a una huelga que otra fuerza sindical llamada Semca (Sindicato de Empleados Médicos de Canarias) ya anunció que tiene previsto sumarse el próximo viernes, una fecha clave dado que, si Sanidad no cambia finalmente de planes, los exámenes que pretenden aplazarse tendrán lugar a partir del próximo lunes.
El citado portavoz del CESM informó igualmente que están pendientes de confirmar una comunicación con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, para abordar la convocatoria de las oposiciones, que reclaman que cuanto menos se posterguen hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido la estabilización vía adjudicación por concurso de méritos.
Por su parte, la Consejería de Sanidad informó de que la huelga fue secundada ayer por solo el 9,4% de los facultativos, lo que supone 304 profesionales de los 3.231 efectivos que podían seguirla. Por categorías, el Ejecutivo destacó que de los 2.454 profesionales de Atención Hospitalaria que podían sumarse a la huelga, la secundaron 279; mientras que de los 777 profesionales de los centros de salud en igual situación, acudieron a la huelga un total de 25 efectivos.
Este conflicto laboral fue objeto de debate en el pleno parlamentario celebrado ayer, donde la consejera de Sanidad, Esther Monzón, defendió su gestión de los procesos de estabilización y aseguró que ya están publicados los baremos de decenas de categorías.
Sin embargo, lo que le pidieron en sendas preguntas los diputados del PSOE y Nueva Canarias, Miguel Ángel Pérez y Yone Caraballo, respectivamente, es que se publiquen los listados de adjudicación con los destinos definitivos y que, si no lo hace, al menos desconvoque los exámenes previstos en la oferta pública de empleo para evitar que miles de trabajadores sanitarios que no saben si han conseguido su plaza tengan que acudir a las pruebas.
En su réplica, Monzón sostuvo que en las resoluciones publicadas se recoge el orden y la puntuación definitiva objetiva, lo que ya indicaría si esos profesionales deben presentarse a la fase de concurso-oposición.
Calcular sobre el total o solo entre los afectados, clave de la ‘guerra’ de cifras
A nadie se le escapa que, como describía en unos versos el poeta español Ramón de Campoamor que luego fueron adaptados por la sabiduría popular en la conocida expresión de que todo depende según el color del cristal con que se mire, pero aún así es lógico que cause estupor esa abismal diferencia entre la versión de los convocantes y la de la Consejería sobre el seguimiento de la primera jornada de huelga entre los médicos de Canarias.
Pero experiencias anteriores permiten dar fácilmente con la explicación de cómo el Sindicato de Médicos de Canarias habla de un 65% mientras que Sanidad lo reduce a tan solo un 9%, dado que basta con recordar que algo similar ya se produjo en otro paro del mismo colectivo acaecido hace unos meses, aunque entonces la reivindicación de estos trabajadores se produjo contra decisiones ministeriales.
La respuesta es sencilla: mientras los convocantes hacen sus cálculos sobre los afectados directamente por el conflicto, las autoridades optan por tener en cuenta a la totalidad de las plantillas existentes.
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