El proceso judicial contra la ocupación del Hotel Callao Sport, en Callao Salvaje, ha dado sus primeros pasos. Fuentes del Ayuntamiento de Adeje confirman a DIARIO DE AVISOS que el juzgado ha comenzado a emitir órdenes de desalojo dirigidas a algunos de los ocupantes ilegales del establecimiento ubicado en el núcleo costero.
La medida ha sido recientemente notificada a varias de las personas afectadas, lo que ha abierto un nuevo escenario en este largo conflicto.
CIRCULAR ANÓNIMA
Aunque no existe aún un calendario oficial sobre la ejecución completa del desalojo, lo cierto es que este paso judicial ya ha provocado los primeros efectos: algunas personas habrían abandonado por iniciativa propia las habitaciones o zonas comunes que ocupaban en el hotel.
Este contexto, presuntamente, ha dado pie a la distribución de una circular anónima, cuyo origen y autor no han sido confirmados y que, según algunos vecinos, podría responder tanto a motivos preventivos como a intereses comerciales, en medio de la alarma social generada en el núcleo adejero.
El documento está dirigido a los cientos de propietarios de varias comunidades próximas al hotel, a quienes se insta a reforzar la seguridad de sus viviendas ante el riesgo de nuevas ocupaciones.
Según ha podido confirmar este periódico, la comunicación se ha distribuido en varios idiomas y ha sido depositada en los buzones de múltiples residencias para asegurar su alcance.
En ella, se alerta de que “los okupas ilegales que se encontraban en el Hotel Callao Sport están empezando a ser evacuados”, y que han sido vistos “merodeando por los edificios colindantes en busca de viviendas vacías con la intención de ocuparlas”.
La circular recomienda “dar señales de habitabilidad” en las viviendas desocupadas, como “encender luces o abrir ventanas, y contar con personas que las visiten regularmente”.
Una venta frustrada
Este establecimiento turístico, que ganó notoriedad en la prensa nacional e internacional, contaba con 92 habitaciones y estaba orientado al turismo deportivo. Cerró en octubre de 2020 como consecuencia directa de la crisis provocada por la pandemia.
Tras varios intentos fallidos de reapertura y una venta frustrada, el hotel fue ocupado por decenas de personas, hasta llegar a superar los 200 ocupantes. Tal y como contó este periódico, la propiedad, la empresa Domasa S.A., denunció que el hotel había sido “completamente destrozado” y que algunas personas habían hecho negocio vendiendo habitaciones dentro del inmueble.
Además, la empresa siguió asumiendo los gastos de luz y denunció el enganche ilegal de agua por parte de los okupas. “Nos intentaron chantajear: pidieron una cantidad ingente de dinero”, relató la gestora.
La administradora del establecimiento calificó la situación como “indignante” y lamentó que la justicia no hubiera actuado durante años. Ahora, el inicio de las notificaciones de desalojo abre un nuevo capítulo.
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