Los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la empresa Urbaser, responsable de la gestión de residuos de la UTE de la Mancomunidad del Nordeste -formada por los ayuntamientos de El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula-, denuncian las malas condiciones laborales que arrastran desde hace años y se quejan de la falta de predisposición de la empresa para resolver un problema que se arrastra desde hace años.
Este colectivo, que desempeña un servicio esencial para la ciudadanía, “ve vulnerados a día de hoy derechos fundamentales como la conciliación y la adecuada distribución de la jornada”. Sus representantes sindicales aseguran que en otros municipios, como La Laguna, ya se han alcanzado acuerdos que garantizan descansos, complementos por incapacidad y mejoras sociales. Sin embargo, en la Mancomunidad del Nordeste “los trabajadores y trabajadoras son tratados como de segunda categoría, con salarios hasta 8.000 euros anuales inferiores, más horas de trabajo, desigualdad en los descansos obligatorios y sin complemento alguno en caso de baja médica”. A ello se suman los “continuos incumplimientos de la empresa, que mantiene a parte del personal realizando funciones de mayor categoría sin abonar las diferencias salariales que corresponde”.
Ante esta situación y tras años “soportando una situación injusta” la plantilla no descarta una huelga general que afectaría a los seis municipios en los que presta el servicio. De momento, iniciará un calendario de movilizaciones para denunciar esta discriminación laboral y que Urbaser atienda las reivindicaicones de la plantilla que comenzará el 14 octubre con una concentración frente a las oficinas de la Mancomunidad del Nordeste, ubicada en el número 67C de la calle Ismael Domínguez, en Tacoronte.
La asamblea de los trabajadores es consciente de las molestias que ello podría generar en la población y quiere dejar claro que el conflicto “no es con los vecinos sino con la empresa”, subrayan.
En la misma línea se expresa la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, presidenta de la Mancomunidad, quien añade que además, el conflicto no afecta al servicio y de ser así, “se le exigiría a la empresa que cumpla con lo contratado por nuestra parte”. Del mismo modo, en caso de llegar a la huelga, la Mancomunidad “exigirá el cumplimiento de los servicios mínimos e intentará mediar en la medida de lo posible para que la situación entre ambas partes se resuelva”.





