Una simple búsqueda en los principales portales inmobiliarios pone de manifiesto la realidad para quienes hoy buscan vivienda de alquiler en La Palma. Se ofertan apenas una treintena en toda la isla y casi todas son para alquilar por temporada.
En Los Llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados por los daños del volcán, en uno de estos portales solo se ofertan cuatro pisos y una casa en alquiler, todos por temporada, ninguna oferta de larga duración.
Los alquileres, por pisos o casas de una sola habitación, se mueven entre los 700 y los 850 euros al mes. Los datos y la propia percepción de los palmeros y palmeras corroboran que no hay vivienda en el mercado y que los precios se han disparado en los últimos tres años.
Si hablamos de comprar, la situación es igual de mala. Según el último informe estadístico del Consejo General del Notariado, el precio por metro cuadrado ha subido un 13,41% en el último año, lo que supone que adquirir una vivienda de 70m2 cuesta hoy 18.000 euros más que hace un año.
Canarias lleva tiempo atravesando una crisis habitacional de la que La Palma no ha sido ajena; pero en esta isla el volcán es, sin duda, el factor diferencial. La oferta cada vez más reducida de alquiler de larga duración y la rápida escalada de precios, tanto para alquilar como para comprar, es un problema que se vio notablemente agravado tras la erupción que se llevó por delante 1.345 casas.
Para hacer frente a la emergencia habitacional en la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Canarias aprobó en febrero de 2024 un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Poco después, en marzo de 2024, el Consejo de Gobierno aprobaba un segundo decreto en materia de vivienda, pero esta vez de medidas específicas para La Palma, promovido por la Consejería de Presidencia.
“Teníamos claro que, además de las soluciones que aporta de manera general el decreto para toda Canarias, La Palma necesitaba un plus que facilitara todo lo posible la construcción de vivienda pública”, explica la consejera. “Quisimos darle a la norma la máxima seguridad jurídica y, por eso, decidimos tramitarla como ley”.
La ley de medidas urgentes en materia de vivienda para La Palma, entre otras medidas, libera de trabas urbanísticas a los terrenos cedidos por los ayuntamientos palmeros y da competencias en materia de vivienda al Cabildo de La Palma.
Paralelamente, desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y, más concretamente, desde la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, se trazó el Plan Especial de Vivienda para la isla. “Nuestro objetivo es dar una solución definitiva a las personas que aún siguen viviendo en las casas contenedor y de madera que se instalaron tras la erupción y dar también respuesta a las personas que llevan años registradas como demandantes de vivienda social en la isla”, explica el viceconsejero Pedro Afonso.
“La plena recuperación de La Palma no es posible sin vivienda”, asegura Nieves Lady Barreto. “En la pasada legislatura, como diputada de la oposición, pedí reiteradamente al anterior Gobierno de Canarias que, apagado el volcán, pusiera en marcha de manera inmediata ese plan de vivienda que necesitaba la isla, pero no se hizo y se perdieron dos años. Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2023, lo asumimos como una prioridad y empezamos a trabajar para que, cuanto antes, podamos ver los resultados, porque todos sabemos que los edificios no se construyen de un día para otro”.
El Plan Especial de Vivienda para La Palma está dotado con 78,5 millones de euros del Gobierno de Canarias (56,5 que aporta la Consejería de Presidencia y 22 que aporta el ICAVI) y los proyectos, que se distribuyen por varios municipios, están ya definidos. La inversión se complementa con otros 13 millones de euros que aporta el Cabildo de La Palma y la suma de todos los proyectos pondrá en el mercado en los próximos años 421 viviendas públicas.
Los 56,5 millones que aporta la Consejería de Presidencia que dirige Barreto se han transferido ya a los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane (28,7 millones), Villa de Mazo (3 millones), El Paso (800.000 euros) y al Cabildo de La Palma (24 millones). Con estos fondos, la Corporación insular ha adquirido recientemente un edificio ya en construcción con 53 viviendas en Los Llanos de Aridane y otras 16 viviendas en construcción en El Paso que irán destinadas, de manera prioritaria y con criterio social, a los afectados del volcán que aún siguen viviendo en las casas contenedor y las casas de madera y que no tienen recursos suficientes para buscar otra alternativa.
En Los Llanos se trabaja en la licitación del proyecto y obra a la vez de dos promociones que suman en torno a 120 viviendas, mientras que el ICAVI ha sacado ya a licitación la construcción de 34 viviendas en Tazacorte. Habrá también proyectos en otros municipios, como Villa de Mazo y Puntallana.
El Plan de Pagos
La recuperación de La Palma se asienta también sobre otra pata fundamental, que está íntimamente ligada con la vivienda: el Plan de Pagos de 150 millones (50 millones que aporta el Gobierno de Canarias y 100 millones el Gobierno de España) para devolver a las personas el valor de lo perdido, que la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma empezó a ejecutar en agosto de 2024, dando prioridad a las viviendas habituales.
Tan solo un año después, ya están pagadas todas las viviendas habituales -algo más de 800- que se perdieron con el volcán, con excepción de unas 25 propiedades que no se han podido abonar hasta el momento por motivos ajenos a la Administración (herencias, localización de propietarios, etc.). Una vez resueltos esos problemas, se abonarán.
Retirada de las primeras casas contenedor y de madera
Una vez que se dictó la última orden de pago de viviendas habituales, el Gobierno de Canarias inició el 1 de agosto el proceso de retirada de las dos primeras casas de madera, ya vacías, en El Paso; y el 19 de agosto se empezaron a levantar en Los Llanos las primeras casas contenedor. Las estructuras, una vez desmontadas, propiedad del ICAVI, serán utilizadas para futuras emergencias en Canarias.
El Gobierno seguirá retirando las casas contenedor y de madera, una vez que han sido abonadas todas las viviendas. A partir de ahora, a través del ICAVI, se dará un plazo razonable para que las personas todavía alojadas puedan ir buscando una solución habitacional propia. A día de hoy se han retirado 16 casas de madera y contenedor.
“Todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora tiene un porqué, tiene un sentido y un objetivo”, afirma la consejera Nieves Lady Barreto. Los pasos que hemos ido dando, forman parte de una estrategia en la que la vivienda es la base sobre la que se sustentan el resto de las políticas”, concluye.
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