Forma parte del equipo de CEOE Tenerife desde hace más de quince años. La economista Elena Vela Sánchez acaba de ser nombrada secretaria general.
-¿Con qué propósitos asume la secretaría general de CEOE Tenerife?
“Asumo esta responsabilidad con el firme propósito de reforzar la capacidad de interlocución de CEOE Tenerife, consolidar su papel como motor socioeconómico de las islas y garantizar una gestión técnica rigurosa que responda a los desafíos actuales de nuestras empresas. Me mueve una visión clara: fortalecer el tejido empresarial para lograr una sociedad más próspera, sostenible y cohesionada. Y, sobre todo, hacerlo desde la cercanía, el acompañamiento y la escucha activa a nuestros asociados, que viven a diario la realidad del entorno económico”.
-¿Qué palabras resumen su trayectoria en la confederación?
“Compromiso, gestión diálogo y equipo. Mi trayectoria ha estado marcada por la ejecución de proyectos complejos con fondos públicos, la defensa técnica de los intereses empresariales y una participación activa en órganos estratégicos donde se definen políticas y acciones clave para Canarias. Todo ello, siempre apoyada en un gran equipo humano, que ha sido determinante para lograr resultados”.
-Su presencia activa en órganos consultivos es muy notoria. ¿Cuál es el hilo conductor?
“El hilo conductor ha sido siempre la búsqueda de un equilibrio real entre el desarrollo económico y el bienestar social. Mi participación en estos órganos consultivos responde a una convicción firme: las decisiones públicas solo son eficaces cuando se apoyan en conocimiento técnico, visión práctica y sensibilidad territorial. Desde esa perspectiva, mi objetivo ha sido aportar valor a través de la experiencia y del análisis riguroso, de modo que las políticas que se diseñan sean útiles, aplicables y respondan a las necesidades de las empresas y de la sociedad”.
-Más allá de las estadísticas, ¿cómo va la economía cotidiana, la de andar por casa?
“Lo cierto es que hay un descontento generalizado. La realidad cotidiana que perciben muchas familias, y también los empresarios como ciudadanos, está marcada por una sensación de agotamiento ante la falta de servicios públicos de calidad. Hablamos de una falta estructural de vivienda asequible, infraestructuras obsoletas, listas de espera sanitarias interminables, y una burocracia que ralentiza soluciones urgentes. Todo esto genera frustración social y una sensación de que el crecimiento económico no se traduce en bienestar tangible. Desde el mundo empresarial también padecemos esas carencias: cuando falta vivienda, falta mano de obra; cuando las infraestructuras colapsan, se resiente la logística; cuando los servicios no funcionan, se paraliza la actividad y, cuando la burocracia se multiplica, se ralentizan proyectos y se bloquea la capacidad de respuesta de las empresas. Somos parte de quienes lo sufren, no ajenos a ello”.
-¿En el ámbito de la concertación social regional se han cumplido las expectativas?
“La concertación social en Canarias ha sido, sin duda, un instrumento valioso y un ejemplo. Somos una de las comunidades autónomas que ha logrado mantener de forma sostenida un marco estable de diálogo entre agentes económicos, sociales y administraciones públicas, lo que ha permitido alcanzar acuerdos relevantes. Ahora bien, todo modelo es perfectible. Valoramos los avances conseguidos, pero también creemos que es esencial cumplir con lo pactado. La concertación no tendría que limitarse a firmar acuerdos”.
-¿Son legítimos los pactos alcanzados sin la participación de todas las partes?
“Un pacto sin todas las partes no puede considerarse completo. La legitimidad institucional del diálogo social exige la inclusión de los agentes económicos y sociales más representativos. La representatividad no es una opción, sino un principio democrático que tiene que respetarse y que da solidez a las políticas públicas”.
-¿Las reticencias del Gobierno de Canarias a la rebaja generalizada de los impuestos, debido a las “circunstancias”, les genera frustración, indignación o comprensión?
“Nos genera preocupación y cierta frustración. Entendemos que el contexto económico exige prudencia en la gestión pública, pero las promesas electorales cuando no se cumplen erosionan la confianza. Desde CEOE Tenerife hemos venido defendiendo que una bajada bien planteada, como el IGIC al 5% propuesto en su momento, puede tener efectos positivos sobre la actividad económica, el consumo y la inversión. La carga fiscal sigue siendo un freno para muchas empresas que están intentando consolidarse tras años de inestabilidad. Cumplir con los compromisos fiscales es una señal de credibilidad y coherencia política. Es posible aliviar la presión sin comprometer los servicios si se acompaña de una gestión eficiente del gasto y una política fiscal adaptada a cada realidad insular”.
-¿Las ayudas de compensación al transporte de mercancías reflejan el sobrecoste real que soportan las empresas?
“En muchos casos, no. Si bien son una herramienta necesaria, el sistema de compensaciones sigue siendo insuficiente y burocrático. La insularidad (y la doble insularidad) tiene un coste estructural que debe ser reconocido y compensado con mayor eficacia; especialmente, en momentos de inestabilidad internacional. Contamos con los mecanismos que nos brinda el REF, que reconoce ese derecho a competir en condiciones de igualdad. Sin embargo, es necesario actualizarlo y dotarlo de mayor flexibilidad y menos burocracia para que esta premisa se cumpla de manera real y efectiva, y seamos competitivos”.
-¿Cómo interpretan el acuerdo con Junts, luego matizado por el PSOE, de exigir el catalán en la atención a los clientes en toda España?
“Desde CEOE Tenerife no podemos compartir una propuesta que responde más a la conveniencia política que al interés general. Entendemos que resulta completamente desproporcionado obligar a empresas de todo el territorio nacional a atender en una lengua cooficial fuera de su ámbito territorial natural. Una medida así genera inseguridad jurídica, más coste para la empresa y una carga añadida para los trabajadores”.
-¿El nuevo registro horario reducirá el tiempo efectivo de trabajo más que el truncado recorte de la jornada laboral, como sostiene el Gobierno?
“Lo que puede reducir el tiempo efectivo de trabajo no es tanto el instrumento, sea el registro horario o la jornada laboral, sino cómo se implementan y gestionan esas medidas. El registro horario es útil si se aplica con proporcionalidad, sentido común y con respeto a la operativa real de cada empresa y sector. Su uso excesivamente rígido o tecnificado puede acabar generando el efecto contrario: más carga burocrática, menos flexibilidad organizativa y, en algunos casos, una interpretación distorsionada del tiempo de trabajo real. Además, no debemos perder de vista que cualquier sistema de control horario implica un tratamiento continuo de datos personales”.
-¿La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra decidida a activar la regulación de la participación de los trabajadores en los consejos de administración, con una invocación al artículo 129 de la Constitución? ¿Qué supondría eso?
“El artículo 129 de la Constitución establece un mandato importante que abre la puerta a fomentar formas de participación de los trabajadores en la empresa, algo que ya existe en varios modelos europeos. Cualquier regulación de este tipo debería abordarse desde el rigor técnico, la proporcionalidad y el diálogo social. Muchas empresas ya cuentan con órganos de gobernanza profesionalizados, con consejeros independientes que aportan valor estratégico a la gestión. Introducir nuevas figuras en los consejos requiere evaluar con detalle su impacto en la operativa, la competitividad y la estructura organizativa. Es esencial que los avances en esta materia sean fruto de un consenso amplio, que respete la diversidad del tejido empresarial y evite rigideces que comprometan el funcionamiento”.
-¿Existe un equilibrio entre el salario, la producción, la inversión, los ingresos, los gastos y el valor de la mano de obra?
“El equilibrio es cada vez más difícil de sostener. Las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por mantener empleo, invertir y afrontar subidas de costes estructurales. Hay que tener en cuenta que el coste salarial no es solo el salario que percibe el trabajador, sino que incluye cotizaciones, cargas fiscales y otros elementos que impactan directamente en la viabilidad de muchos negocios. Para que un trabajador reciba 1.980 euros, la empresa debe desembolsar un 72% más, es decir, 3.408 euros. Apostamos por una mejora del poder adquisitivo, sí; pero siempre vinculada a la productividad, la competitividad y a un entorno económico que incentive la inversión”.
-¿Tan grave es el absentismo? Con el uso de ese término o concepto, ¿no están pagando justos por pecadores?
“El absentismo, en sus distintas formas, es una realidad que preocupa, y mucho, porque tiene un impacto directo en la productividad, en la carga de trabajo del resto del equipo y en la viabilidad operativa y financiera de muchas empresas; especialmente, pymes. Estamos hablando de que, actualmente en Canarias, el absentismo equivale a que el 8% de nuestra fuerza laboral no acude a su puesto de trabajo ningún día del año. Es una cifra difícilmente sostenible. Sabemos que la mayoría de las bajas están justificadas y responden a causas reales, pero también hay disfunciones graves en el sistema que prolongan innecesariamente su diagnóstico o tratamiento. A ello se suman los casos de absentismo injustificado o de bajas fraudulentas. El Servicio Canario de la Salud tarda, de media, 45 días más que una mutua en resolver la misma patología traumatológica cuando se trata de una contingencia común; una diferencia que no obedece a criterios médicos, sino a demoras burocráticas y listas de espera que cronifican la situación. No se trata de estigmatizar, sino de reconocer una realidad que ya supone un coste superior a los 1.300 millones de euros en Canarias, con un impacto devastador tanto en las empresas como en las arcas públicas. El absentismo ha de ponerse sobre la mesa como un problema estructural y un elemento fundamental en el debate sobre la productividad. Afrontarlo exige soluciones técnicas, diálogo social, respeto mutuo y corresponsabilidad, porque sin atajar este lastre será imposible ganar en competitividad y en crecimiento sostenible”.
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