El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha identificado 700 mujeres víctimas de violencia de género en todo el Archipiélago a través del Protocolo de Detección y Actuación Sanitaria en Atención Primaria, implantado en abril de 2024.
La cifra resulta de las 382 mujeres detectadas en 2024 y de las 318 contabilizadas durante los diez primeros meses de 2025.
Desde su puesta en marcha, 1.093 profesionales de todas las Áreas de Salud han completado la formación acreditada para aplicar este protocolo, un proceso formativo que continuará durante 2026.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que el SCS dispone de herramientas y procedimientos para la detección precoz y asistencia en casos de violencia de género y agresiones sexuales.
Protocolo ante violencia de género en Atención Primaria
El protocolo implantado en 2024 establece pautas homogéneas para la detección precoz de violencia ejercida por la pareja o expareja y para su valoración e intervención, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Puede ser aplicado por cualquier profesional sanitario o de trabajo social de los Equipos de Atención Primaria mediante la Historia de Salud Electrónica, el cuestionario WAST o una entrevista clínica basada en indicadores de sospecha y criterios de vulnerabilidad.
Su aplicación está indicada en mujeres a partir de los 15 años, tanto en consultas ordinarias como en la apertura de nuevas historias clínicas.
El protocolo también se activa cuando una mujer acude directamente al centro de salud por lesiones físicas, psicológicas o sexuales sin violación. En los casos de agresión sexual con violación, la atención corresponde al hospital de referencia.
El documento recoge definiciones y conceptos necesarios para la comprensión del fenómeno, las formas más frecuentes de manifestación, pautas de atención en situaciones de especial vulnerabilidad y las repercusiones en la salud de mujeres y menores.
También aborda el papel del personal sanitario, los obstáculos para identificar la violencia y las dificultades que pueden impedir que las mujeres soliciten ayuda.
Atención a mujeres víctimas de agresión sexual
El SCS cuenta además con el Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual, que regula la actuación en los servicios de urgencias hospitalarias y urgencias ginecológicas ante una presunta violación. Incluye un apartado específico para los casos en los que exista sospecha de sumisión química.
Tras la valoración inicial, se activa el protocolo sanitario y se movilizan, a través del 112, los recursos judiciales y policiales. El protocolo, vigente desde diciembre de 2020, está en proceso de actualización para adaptarse a la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y al Protocolo de Violencia Sexual del Sistema Nacional de Salud (2023).
Los partes de lesiones emitidos por los hospitales del SCS permiten cuantificar los casos atendidos: en 2024 se registraron 206 partes de lesiones por agresión sexual con violación, y en 2025 se han contabilizado 159 hasta la fecha (datos provisionales).
El protocolo detalla todas las actuaciones a realizar, desde la acogida inicial hasta la valoración urgente y la exploración ginecológica, incluida la toma de muestras coordinada entre ginecología y medicina forense. Estas actuaciones se realizan de forma conjunta para evitar la revictimización.
También se incorporan procedimientos específicos en los casos con sospecha de sumisión química.
Protocolo para el abordaje de la violencia en la infancia y adolescencia
El SCS dispone igualmente del Protocolo de actuación sanitaria para el abordaje de la violencia en la infancia y adolescencia, elaborado por un equipo multidisciplinar e impulsado por la Dirección General de Programas Asistenciales, en colaboración con el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
También han participado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, el Instituto Canario de Igualdad, los cabildos insulares y otros organismos.
El documento establece pautas de actuación ante la sospecha de violencia en personas menores de edad desde los servicios sanitarios, así como vías de comunicación y coordinación con servicios sociales municipales, instituciones autonómicas de protección, instancias judiciales, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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