La Unión Europea aplicará a partir del 1 de julio de 2026 una tasa aduanera general de tres euros a los paquetes de pequeño tamaño que lleguen al mercado comunitario, como los enviados por plataformas de comercio electrónico Shein y Temu. La decisión ha sido acordada por los ministros de Economía de los 27 Estados miembros.
Este nuevo recargo tendrá carácter provisional y se mantendrá hasta la entrada en vigor de la reforma de la legislación aduanera de la UE, prevista inicialmente para 2028.
Dicha reforma eliminará la exención fiscal actual para los envíos con un valor inferior a 150 euros, que hasta ahora pueden entrar en la UE sin pagar impuestos.
El volumen de este tipo de envíos ha crecido de forma notable en los últimos años. En 2023 accedieron al mercado europeo alrededor de 4.600 millones de paquetes de bajo valor, lo que equivale a una media de 12 millones de envíos diarios.
Según los datos comunitarios, en 2024 el 91% de los envíos de comercio electrónico de hasta 150 euros que llegaron a la UE procedían de China, y su volumen se duplicó entre 2023 y 2024. Este incremento coincide con la expansión acelerada de determinadas plataformas digitales.
Shein y Temu crecen “especialmente” rápido
La Comisión Europea señala que Temu y Shein han registrado un crecimiento especialmente rápido en el mercado comunitario, superando los 75 millones de usuarios en apenas unos meses durante 2024. Este auge se ha visto impulsado por precios bajos, campañas publicitarias intensivas y plazos de entrega reducidos, factores que han incrementado la demanda de productos de bajo coste.
Bruselas advierte de que el aumento de las importaciones enviadas directamente a los consumidores europeos plantea retos relevantes que requieren atención inmediata, especialmente en relación con el cumplimiento de la normativa comunitaria.
Entre los datos aportados por la Comisión, destaca que la mitad de los productos falsificados interceptados en las fronteras de la UE habían sido adquiridos a través de internet. Una parte significativa de estos artículos no cumple los estándares exigidos por la normativa europea.
El Ejecutivo comunitario sostiene que el creciente volumen de productos inseguros, falsificados o no conformes supone riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, tiene un impacto ambiental insostenible y genera competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen la normativa, con efectos sobre la competitividad de la UE en distintos sectores.
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