Siete meses después de haber denunciado públicamente una situación de presunto acoso laboral, la concejala no adscrita Acerina González Prieto, exresponsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guía de Isora, ha interpuesto una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La denuncia, difundida mediante un comunicado público, describe un contexto de “vejaciones continuadas”, “aislamiento profesional” y un “clima de trabajo insostenible”, lo que motivó una baja médica en febrero de 2025 que continúa vigente hoy.
González, que abandonó el Partido Popular junto a una persona de confianza vinculada al entorno del edil Ayoze Medina, ya había expuesto esta situación anteriormente, tras su salida de la formación conservadora. A esa denuncia pública se sumó una comunicación interna de una trabajadora municipal, que habría señalado comportamientos como vejaciones y sobrecarga laboral.
En su declaración pública, González asegura haber intentado resolver la situación por vías internas sin éxito, tras haber “pedido reuniones, hacer llamadas y buscar amparo institucional”. Tras tomar todas estas medidas, “ese amparo nunca llegó.”
Según su testimonio, el acoso fue constante, a través de “menosprecios reiterados, desautorizaciones sistemáticas, vaciamiento intencionado de funciones, aislamiento profesional y descrédito personal”, lo que derivó en una situación de desgaste emocional extremo, según su testimonio. Esto obligó a González a causar baja médica y comenzar un tratamiento psiquiátrico y psicológico, con informes médicos que acreditan que las secuelas “persisten hasta hoy”.
Aunque en el comunicado no señala directamente a los responsables de este presunto acoso laboral, en la rueda de prensa del pasado julio, en la que expuso públicamente los hechos, apuntó al actual portavoz del PP en el municipio, Carlos Álvarez, como figura central en el conflicto. En aquella ocasión, cuestionó la mediación fallida de dirigentes de su partido, como Emilio Navarro, Manuel Domínguez o Lope Afonso, a quienes acusó de cerrar el caso exigiéndole entregar su acta de concejala y “tachándola de tránsfuga”.







