El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó ayer en sesión extraordinaria el expediente de contratación de la nueva concesión del servicio de agua y saneamiento, uno de los más importantes debido al impacto que tendrá en el municipio y a la inversión que supone, más de 420 millones de euros.
Lo hizo con los votos a favor de PP, CC y PSOE y el rechazo del portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández, quien presentó una enmienda que fue rechazada para dejar sobre la mesa este asunto y abordar de forma más detallada dos puntos fundamentales; el tiempo de la concesión, y la viabilidad de una desaladora en el barrio de Punta Brava debido a su impacto medioambiental y a la recalificación urbanística de la parcela para atender a una emergencia hídrica cuyo periodo de vigencia debe ser revisada por el Cabildo de Tenerife.
Respecto al primer punto, el también edil de Ciudad Sostenible señaló que no hay informes técnicos que justifiquen su alto coste ni aclaren las posibles afecciones al dominio público hidráulico, al patrimonio cultural, y a la planificación municipal, ya que su ubicación está contemplada en una parcela para uso residencial y destinada en el planeamiento a la construcción de viviendas sociales.
Tampoco se especifica si la evacuación de salmueras se efectuará mediante pozos o utilizando el emisario existente, ya que en este caso conllevaría una modificación en la autorización de vertido vigente para dicho emisario, ni se garantiza que el plazo de construcción sea de 26 meses “cuando ni siquiera hay un informe de impacto ambiental”, recalcó.
No obstante, en el aspecto que más hizo hincapié Hernández fue en el informe de la ONE (Oficina Nacional de Evaluación), dependiente del Ministerio de Hacienda, que afirma “categóricamente” que la concesión excede el tiempo recomendado que debe ser de 26 años y no de 40, como está contemplado, “dejando de regalo” los otros 14 a la empresa adjudicataria del futuro concurso. Por todo ello, propuso dejar el asunto sobre la mesa para analizarlo mejor y “mirar el interés de la ciudadanía portuense”.
Mejor acogida tuvo la enmienda presentada por el PSOE, aceptada por PP y CC, para priorizar la ejecución de las obras de saneamiento, especialmente en el barrio de Punta Brava y las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) municipales, y resolver los problemas y las deficiencias existentes en la red municipal, que por su elevada inversión no se han podido acometer con fondos propios de la Corporación debido a su elevado coste y sí se pueden abordar en el marco del contrato concesional.
Los socialistas aclararon que la ejecución de la desaladora no debe constituir una prioridad municipal y tampoco ser de urgente ejecución, y solicitaron que en la comisión de seguimiento de la concesión se fije una composición proporcional a la representación política municipal, donde la oposición esté representada.
Según el grupo de gobierno, uno de los pilares fundamentales de este contrato es la eliminación definitiva de vertidos al mar. El alcalde, Leopoldo Afonso, señaló que “nuestro objetivo es movilizar más de 28 millones de euros de inversión inmediata para que nunca jamás tengamos que cerrar una playa y para que Puerto de la Cruz recupere sus banderas azules, su prestigio ambiental y la confianza de vecinos y visitantes”.
Por su parte, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, afirmó que “es un contrato histórico, tanto por su dimensión económica como por su impacto social y ambiental. Las inversiones previstas, detalladas céntimo a céntimo en el pliego, permitirán erradicar vertidos, modernizar redes, reforzar la seguridad hídrica y transformar barrios como Punta Brava, garantizando un servicio de calidad para las próximas generaciones”.
“Hemos hecho lo que creíamos mejor para la ciudadanía”
David Hernández consideró que la ACP hizo “lo mejor para defender el interés de la ciudadanía portuense. Nos quedamos con esa tranquilidad”; y puntualizó que “no está en contra de muchas de las obras y servicios que contempla el contrato porque necesarios para el municipio, pero no a cualquier precio”
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