El Ministerio de Transición Ecológica anunció ayer la adjudicación de 62 proyectos de generación eléctrica en Canarias que suman más de 1.000 megavatios (MW) y de los que 34 suponen nuevas instalaciones, 25 inversiones adicionales y 9 en grupos ya existentes.
Concretamente, se superan los 330 MW necesarios para Gran Canaria, los 370 MW de Tenerife, los 215 MW de Lanzarote-Fuerteventura, los 44 MW de La Palma, los 6,5 MW de El Hierro y los 5,5 MW de La Gomera. En estas dos últimas islas solo extienden la vida útil de sus instalaciones -la primera tiene una destacada presencia renovable, y la segunda acaba de inaugurar su interconexión con Tenerife. Precisamente, en Tenerife se contrata el 50% de las necesidades con 11 nuevos grupos de un nuevo agente y, en el sistema Lanzarote-Fuerteventura, el 67% de las necesidades mediante nuevos grupos de nuevos entrantes en el mercado.
En noviembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico seleccionó a los adjudicatarios para renovar el parque de las centrales eléctricas de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. La decisión quedó pendiente de las alegaciones de las partes. Convocado en julio de 2024, el concurso afecta al régimen retributivo de los generadores de electricidad en unos territorios donde la producción de electricidad es más cara que en la Península, un sobrecoste que se reparte al 50% entre los presupuestos generales del Estado y el sistema eléctrico, para que el precio de la luz sea el mismo en toda España.
En Canarias, Endesa era la única adjudicataria. Durante el proceso de concurrencia se registró la retirada de algunas de las ofertas y fueron sustituidas por otras propuestas y soluciones. Adicionalmente, “se han tenido en cuenta las consideraciones de los agentes, y en particular del Ejecutivo canario; especialmente, en lo relativo a la normativa urbanística, la viabilidad medioambiental y los emplazamientos”.
Los adjudicatarios en Canarias son Unelco (Endesa), Sampol, Disa y Canary Carreteras (una sociedad limitada de Gran Canaria dedicada a la generación de energía eléctrica a través de grupos térmicos que utilicen como fuente los hidrocarburos o los combustibles renovables).
El consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, valora la resolución definitiva del concurso de concurrencia competitiva. Lo interpreta como una “confirmación” de que se ha “avanzado mucho”, aunque puntualiza que “algunas islas requieren de un esfuerzo extra para dar plenas garantías a su sistema eléctrico”. Además, menciona la no compatibilidad de varios proyectos al constatarse impedimentos derivados de la oposición del Gobierno autonómico.
Resalta el cierre de las centrales de El Charco y Candelaria, así como la negativa a proyectos en el puerto de Las Palmas y celebra que se permita que los grupos de Tenerife y Fuerteventura-Lanzarote sean “mucho más deslocalizados y flexibles, lo que facilitará la integración de energías renovables y reforzará la seguridad del suministro”.
Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, también se congratula del “avance decisivo para la seguridad y estabilidad del sistema energético canario”.
Desde La Gomera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ponderó el “esfuerzo relevante” que ha realizado el Estado y se felicitó por la “lealtad” interinstitucional.
El operador alerta del riesgo de apagones en Canarias en la memoria justificativa
Fuentes del gabinete de Sara Aagesen trasladan a Europa Press que el Ministerio de Transición Ecológica se ha anticipado a necesidades futuras y ya ha pedido un informe al operador del sistema, Red Eléctrica de España, para que, en un plazo de quince días, identifique los déficits de cobertura para 2031 en los territorios no peninsulares con el fin de activar próximas concurrencias.
En este contexto, Red Eléctrica alerta del riesgo de apagones en Canarias y Baleares. El operador considera que la potencia adjudicada en el concurso (181 proyectos, con Ceuta y Melilla) es insuficiente para garantizar el suministro. Así se recoge en la memoria justificativa de la resolución, revela El Economista, lo que ha llevado al Gobierno a introducir cambios relevantes en su planteamiento inicial.
El problema “afecta de forma directa” a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Lanzarote-Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Melilla.
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