La FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado que la nueva tasa de tres euros aprobada por la Unión Europea para las compras en plataformas extracomunitarias de bajo coste como Shein o Temu se destine a reforzar los controles del mercado, con el objetivo de evitar fraudes y proteger a los consumidores.
La medida, a la que Bruselas acaba de dar luz verde, consiste en la aplicación de un arancel a los pequeños paquetes que entran en el espacio común europeo procedentes de vendedores de fuera de la UE. Este recargo se aplicará a todos los comercios extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la Unión Europea a efectos del IVA (IOSS).
Un arancel que afectará a la mayoría del comercio electrónico que llega a Europa
Según datos de la Comisión Europea, esta ventanilla única abarca actualmente al 93% de todos los flujos de comercio electrónico que llegan a Europa desde terceros países, lo que anticipa un impacto directo sobre las compras realizadas en plataformas digitales de bajo coste con sede fuera del territorio comunitario.
En su comunicación oficial, la Unión Europea señala que esta medida pretende hacer frente a lo que considera una situación de “competencia desleal” derivada del volumen de pequeños paquetes que acceden al mercado europeo sin estar sujetos a las mismas exigencias que los productos comercializados desde dentro de la UE.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario advierte de que este tipo de envíos pueden suponer riesgos asociados al fraude, así como a la salud y la seguridad de los consumidores.
FACUA pide más inspecciones para evitar productos peligrosos
En este contexto, FACUA considera que el nuevo arancel debe servir para financiar un incremento en los controles de mercado y en las inspecciones, con el fin de evitar la entrada y comercialización de productos potencialmente peligrosos en el espacio europeo.
La asociación de consumidores subraya que reforzar la inversión en control e inspección del mercado es una de las formas más eficaces de cumplir con los objetivos planteados por la propia Unión Europea: minimizar los riesgos para el consumo y detectar posibles fraudes cometidos por comercios electrónicos extracomunitarios.
En este sentido, FACUA insiste en que destinar los fondos recaudados a mejorar los sistemas de vigilancia permitiría identificar y sancionar prácticas irregulares, además de aumentar la protección de los consumidores frente a productos que no cumplan con la normativa europea.
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