Un grupo conformado por 256 vecinos y vecinas del casco de Tacoronte se ha dirigido al Gobierno municipal para pedirle que actúe con la vecina con síndrome de Diógenes que vive en la Carretera General rodeada de basura y ratas. Una situación que, recalcan en un escrito, también perjudica al resto de ciudadanos que residen en la zona debido a que esta persona, además de acumular desechos en la vía pública, defeca en los alrededores, donde no solo genera malos olores sino una proliferación de todo tipo de insectos y roedores.
Así se lo trasladó ayer un grupo de afectados a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y al edil de Bienestar Social, José Caro, durante la reunión que mantuvieron para pedirles que “tomaran cartas en el asunto” y ayudaran a esta vecina, que además tiene una discapacidad del 65% y está diagnosticada de paranoia. Su caso, cabe recordar, fue contado en Diario de Avisos por su hermana, Dulce Peraza, quien solicitó al Consistorio que actuara con el fin de evitar consecuencias más graves.
Para sorpresa de todos y todas las presentes, la vecina en cuestión se personó en el encuentro, al que también acudió su hermana, dado que la convocatoria se había realizado por redes sociales y estaban invitadas todas las personas que quisieran acudir.
Por momentos se vivió una situación tensa entre ambas en la que intervinieron José Caro y la jurista del área con el objetivo de evitar peleas personales y que se faltaran el respeto.
Tanto estos últimos como la alcaldesa les confirmaron que el Ayuntamiento había hecho, tanto en este mandato como en los anteriores, todo lo que estaba en sus manos para buscar una solución. No obstante, debido a la normativa vigente de protección de datos, no se les pudo facilitar información sobre el expediente, que se encuentra en proceso de tramitación y resolución en las instancias administrativas competentes.
Dulce ha tenido que denunciar a su única hermana ante diversos cuerpos y fuerzas de seguridad, el Diputado del Común archivó su caso, y ya no sabe qué hacer. La sensación de impotencia de no poder ayudarla es enorme, la misma que saber que tiene cáncer y con 70 años está comiendo de la basura y malviviendo. Por eso, le ha pedido al grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) que busque alguna manera de incapacitarla para que pueda ingresar en un centro y vivir mejor.
Pero Caro le aclaró que el Ayuntamiento no tiene la potestad de incapacitar a ningún vecino; debe hacerlo un juez para que pueda recibir la ayuda necesaria y así resolver la situación de manera satisfactoria.
“Le hemos pedido que presenten el documento firmado por 256 vecinos por registro de entrada. Hemos realizado las actuaciones que debíamos atendiendo a la realidad vecinal y también emprendido todas las acciones de nuestra competencia para solucionar el tema. Hay otras que dependen de la Justicia”, sostuvo Caro.
En concreto, se refirió al último expediente iniciado en los Juzgados de La Laguna a comienzos de año por la Policía Local que fue remitido al contencioso administrativo para informar de las continuas circunstancias de esta vecina y los daños que está ocasionando a la ciudadanía y al municipio.
Una situación que se arrastra desde el año 2008
La situación no es nueva. Se arrastra desde el año 2008 pero ha llegado a un punto crítico debido a que los vecinos de la Carretera General están atemorizados ante las amenazas de esta señora. De hecho, su hermana ha tenido que pedir disculpas en innumerables ocasiones a los vecinos. La familia ya no sabe qué más hacer, se siente impotente por no poder ayudarla dado que ella tampoco quiere, pero también abandonada por las diferentes administraciones que se escudan en la falta de competencias para poder actuar, y en la Justicia, que no decreta una orden judicial que permita incapacitarla
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