El diagnóstico de la complicada situación habitacional en Canarias se puede resumir con un solo dato. En las Islas, el precio de la vivienda por metro cuadrado es el quinto más caro de España -2.721 euros por metro cuadrado el trimestre pasado, según el Colegio de Registradores- en una de las comunidades con menor poder adquisitivo del país. Con ello, se trata de la tercera región donde más difícil resulta acceder a una vivienda: los residentes destinan, de media, el 38,6% de su salario bruto al pago de la cuota hipotecaria, por debajo de Madrid (43,7%) y Baleares (55%), pero muy por encima de comunidades como Extremadura (23,4%) o La Rioja (24,2%).
Estas cifras dibujan un panorama “francamente preocupante”, a ojos del decano del Colegio de Registradores de Canarias, Carlos Celestino. “Aquí afrontamos una serie de problemas estructurales que hacen que la situación de la vivienda sea especialmente grave”, señala pocos días después de participar en las Jornadas sobre la Vivienda y el Registro de la Propiedad, un ciclo de cuatro sesiones celebradas en la Universidad de La Laguna donde se abordaron los principales desafíos del sector.
Dentro de estos retos, una de las jornadas abordó el problema de la vivienda vacacional, revelando que “aproximadamente el 60% de estas viviendas son propiedad de sociedades”. Una situación especialmente visible en el sur, donde “es más habitual encontrar grandes bloques gestionados por sociedades con una actividad empresarial”. Aunque, matiza, “también es cierto que esta actividad proporciona ingresos a particulares, por lo que se trata de un desafío complejo”. En todo caso “hay que poner una regulación a esta actividad”.
Lo que sí queda claro es que “muchas viviendas han salido del mercado para dedicarse al alquiler vacacional”, reduciendo la oferta… frente a una demanda creciente. “La población de Canarias va aumentando ostensiblemente; sin embargo, el número de viviendas disponibles no crece”. En un territorio limitado -donde alrededor del 40% del suelo está protegido- y geográficamente aislado, la situación se agrava: “Es difícil construir, no hay suelo y la oferta es muy restringida frente a una demanda en aumento”. Como consecuencia, el precio de la vivienda sigue subiendo. Solo en el último trimestre registró uno de los mayores incrementos del país (+4,7%) y un crecimiento interanual del 14%, cifras que solo superan Madrid (+16%).
A todo ello se suma la compra de vivienda por parte de extranjeros con mayor capacidad adquisitiva, lo que también afecta a la accesibilidad para los residentes. Los datos sitúan en torno al 35% la proporción de compras de vivienda realizadas por foráneos, “unos números que podrían alcanzar el 50% en zonas como el sur de Tenerife”.
“Un bien escaso”
“Las cifras son realmente dramáticas: poco más del 50% de las personas de 35 años pueden vivir de manera independiente de sus padres” lamenta el decano. Medidas para limitar estos “precios prohibitivos”, como restringir la venta a extranjeros, ya están sobre la mesa en Canarias. “Puede tener un efecto positivo, como que los precios dejen de subir tanto al reducirse la demanda, pero también tiene una parte negativa, al ser dependientes del capital de fuera”.
Pese a que su organismo se limita a una función técnica y jurídica, “desde nuestro punto de vista, muy modestamente, proponemos incorporar la licuación de la vivienda”, una herramienta que permite a los mayores obtener una renta mensual de su inmueble y, al mismo tiempo, garantizar que vuelva al mercado de forma eficiente.
En cualquier caso, si bien las soluciones deben “venir de decisiones políticas”, el balance del decano del Colegio de Registradores de Canarias es firme: “Al final se trata de un bien escaso y, como tal, hay que gestionarlo con mucho cuidado”.
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