El Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el servicio para poner en marcha la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, que pretende sacar al mercado de alquiler viviendas vacías o infrautilizadas a precios asequibles.
Gestionado a través de la empresa pública Visocan, el contrato cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros y permitirá desplegar un servicio integral que abarca el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la preevaluación de demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos, informó ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en la habitual rueda de prensa de los lunes.
Con la Bolsa Activa de Vivienda Asequible se busca aumentar la oferta en alquiler a precios inferiores al mercado y mejorar el acceso a la vivienda. El Ejecutivo autonómico resalta que es una medida “eficiente y sostenible”, porque “favorece la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos más largos”.
Hace siete años hubo una iniciativa similar, pero las condiciones no resultaron atractivas a los propietarios y solo uno de ellos mostró interés, relató el consejero. Esta vez no se exigen siete años de usufructo en los que el propietario pierde el control sobre su inmueble, como antes se pedía, y además se establecía una renta muy por debajo del precio de mercado. Se establece un sistema de intermediación con un precio máximo que será un 30% por debajo del mercado, como si fuera vivienda protegida.
A cambio, la Administración pública ofrece la seguridad de cobrar la renta, garantiza que se devuelva en condiciones y, si hace falta, se ayuda a la rehabilitación para poder alquilarla, aunque no en todos los casos. “La clave es la intermediación”, enfatizó Pablo Rodríguez.
Se estaría hablando de viviendas que hasta hace pocos años estaban en el mercado y cuyos dueños las retiraron por falta de seguridad jurídica. “Lo que tratamos con esta nueva herramienta es llevarlas al mercado de manera segura”, arguyó el consejero. La bolsa se enmarca en una estrategia más amplia orientada a “abordar de forma estructural el problema de acceso a la vivienda”.
En marzo de 2026 se aprobó el nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas, que sustituye el sorteo por un modelo de baremación basado en criterios objetivos de carácter económico, social y familiar. En abril de 2025 se promulgó un decreto ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas.





