La Administración General del Estado (AGE) entra en la fase final para la implantación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la medida entraría en vigor durante la primera quincena de abril, justo tras el paréntesis de la Semana Santa, cumpliendo así con el calendario pactado con las fuerzas sindicales. Cabe recordar que la primera reducción voluntaria de la jornada laboral a 35 horas en Canarias, sin recortar salarios, se aplicó en 2024 en una empresa dedicada al sector comercial en Lanzarote.
Este cambio organizativo supondrá un recorte de 2,5 horas semanales respecto al horario vigente. Lo más relevante para los trabajadores es que esta reducción se ejecutará sin ninguna merma salarial, manteniendo intactas las retribuciones actuales.
Consenso sindical y alcance
El marco de aplicación ha recibido el respaldo mayoritario de las centrales UGT y CCOO, a las que se ha sumado finalmente CSIF. Este último sindicato condicionó su firma a que la mejora horaria alcanzara a la totalidad de la plantilla de la Administración.
Se estima que la medida impactará directamente en unos 220.000 empleados públicos, aunque los sindicatos son más optimistas y sitúan el beneficio real cerca de los 246.500 trabajadores de a ministerios, organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculadas a la Administración, abriendo incluso la puerta a su aplicación en empresas públicas.
Reorganización interna
La puesta en marcha de este nuevo marco horario exigirá un esfuerzo de planificación en cada organismo. Se esperan ajustes en los cuadrantes de turnos y una redistribución de efectivos para asegurar que la atención al ciudadano no pierda calidad.
En el caso de las jornadas especiales, como las de 40 horas, estas se reajustarán proporcionalmente hasta situarse en las 37,5 horas.
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