Patinetes por las aceras, autocaravanas convertidas en campamentos y plazas para discapacitados ocupadas con documentación irregular. Tres problemas reales de la movilidad en Adeje y que su ordenanza de 2014 ya no podía resolver, desfasada por una década de cambios y obligada a blindarse jurídicamente. Es por ello que el pleno de abril aprobó recientemente la nueva ordenanza municipal reguladora de la circulación, movilidad sostenible, parada y estacionamiento, una norma viaria moderna que introduce cambios de calado en la convivencia cotidiana del espacio público.
La concejala de Seguridad, Mercedes Vargas, la define como una forma de”dejar de ordenar el tráfico como tal para intentar mejorar la movilidad como un conjunto, como una política estructurada y cohesionada entre normativa y planificación de futuro”.
Patinetes y VMP
El capítulo que más cambios visibles traerá a la calle y más palpables para los ciudadanos adejeros es el que regula los vehículos de movilidad personal. Durante años, patinetes eléctricos, monociclos y dispositivos análogos han circulado por las calles en una suerte de alegalidad donde no existían normas estatales de referencia. La ordenanza municipal de 2014 no contemplaba el crecimiento exponencial de esta nueva práctica de transporte y de esta forma, esa laguna queda cerrada.
Se prohíbe expresamente circular por aceras, además de establecer la edad mínima de uso en 16 años, veda llevar a dos personas simultáneamente y prohíbe el uso de auriculares durante la conducción. La convivencia con el peatón pasa a ser un criterio de ordenación “explícito y exigible”.
El texto va más allá del usuario y apunta directamente a las empresas de alquiler que operan en el municipio. “A partir de ahora van a dejar de operar sin control”, explicó Vargas. “Van a tener que contar con autorización municipal, cumplir condiciones específicas y podrán ser sancionadas por ello”.
La ordenanza impone además la obligación de informar a sus usuarios de las normas de circulación aplicables y contratar seguros acordes al uso y que respalden cualquier incidencia con estos vehículos. La autorización municipal se convierte en la palanca que transforma un subsector viario que hasta ahora actuaba sin interlocución formal con el Ayuntamiento.
Adeje cuenta con 98 plazas reservadas para personas con movilidad reducida distribuidas por su red viaria. La nueva ordenanza detecta y da respuesta a un problema que la anterior normativa dejó sin resolver: el uso irregular de esas reservas amparado en documentación médica genérica que no acreditaba el reconocimiento oficial de la condición de PMR por el órgano autonómico competente, una práctica que lesionaba directamente los derechos de quienes sí cumplían los requisitos legales.
A partir de la entrada en vigor del texto, solo el certificado de grado de discapacidad expedido por la administración autonómica habilitará el derecho a una plaza reservada. La edil subraya que se establece “mayor rigurosidad en la documentación requerida” y que los titulares de reservas concedidas bajo el régimen anterior “dispondrán de un período de adaptación de seis meses para adecuar su situación a los nuevos requisitos”. Quienes no lo hagan en ese plazo, podrán ver revocada su autorización.
La ordenanza fija además una ratio de menos de una plaza reservada por cada 40 plazas de aparcamiento en las zonas que el ayuntamiento designe como “centros de actividad”.
La proliferación de autocaravanas, furgonetas camperizadas y remolques habilitados para pernocta ha generado en los últimos años conflictos recurrentes en municipios turísticos de toda Canarias. Adeje los aborda con una distinción conceptual que la ordenanza eleva a rango normativo. En definitiva, estacionar es legítimo; acampar, no.
Un vehículo de estas características puede estacionarse en la vía pública siempre que no ocupe más espacio que el correspondiente a su carrocería y “no genere molestias al entorno”. El momento en que se despliegan toldos, mesas, u otros elementos auxiliares, la actividad deja de ser estacionamiento y pasa a ser acampada, lo que queda prohibido. La distinción tiene implicaciones sancionadoras directas y da a la Policía Local un marco jurídico para actuar.
En otro orden de especificaciones, la ordenanza también depura materias que la normativa anterior regulaba con escasa precisión. Las licencias de vado -las autorizaciones para la entrada y salida de vehículos a través del dominio público- se clasifican ahora por duración, permanentes o temporales, y por ubicación, con un período de adaptación para las situaciones irregulares preexistentes. La carga y descarga incorpora zonas reservadas específicas y una tarjeta municipal de transporte para los vehículos autorizados. Por otro lado, la grúa y el depósito municipal cuentan también por primera vez con un marco propio que regula desde la inmovilización hasta el tratamiento de vehículos abandonados y su precinto.
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