Choque institucional sin precedentes en España. La Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior han salido en bloque a defender la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La reacción llega tras el polémico auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, en el que acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y le retira el pasaporte argumentando un presunto riesgo de fuga en el que, según el magistrado, podrían cooperar sus propios escoltas.
Ante la gravedad de los hechos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado de urgencia a su Comisión Permanente para estudiar si abre un expediente disciplinario al juez Peinado. Tras una primera reunión telemática extraordinaria, la cúpula judicial ha decidido posponer la resolución definitiva para celebrar un debate presencial.
La Policía Nacional defiende su honorabilidad
A través de un contundente comunicado emitido este domingo, la Dirección General de la Policía ha manifestado su “más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor” de todos sus funcionarios.
La institución califica de injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes que custodian a la esposa de Pedro Sánchez.
El organismo policial ha recordado que sus miembros actúan bajo el estricto mandato del artículo 104.1 de la Constitución Española. La normativa vigente establece que la policía debe actuar con neutralidad política e imparcialidad, lo que “excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico”, invalidando la hipótesis del juez sobre una supuesta colaboración en una fuga.
“La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella”, reza el comunicado oficial.
Marlaska traslada una queja al CGPJ
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja formal a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Para el titular de Interior, los razonamientos del juez Peinado suponen un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los agentes y de sus mandos intermedios.
En el auto judicial de 84 páginas, el magistrado Peinado llegó a asegurar que “no cabe duda” de que los policías asignados a la custodia de Gómez podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, facilitar la huida de la investigada de la justicia española.
Marlaska ha tildado estas afirmaciones como un “hecho de máxima gravedad” que atenta directamente contra los pilares del Estado de Derecho, instando al órgano de Gobierno de los jueces a intervenir de manera inmediata.
El CGPJ decidirá el futuro del juez Peinado
La Comisión Permanente del CGPJ mantiene el caso sobre la mesa. La reunión de urgencia, que inicialmente se extendió durante una hora de forma telemática, se reanuda de manera presencial con el objetivo de analizar si las declaraciones del juez Peinado exceden los límites de la libertad de expresión jurisdiccional y constituyen una infracción disciplinaria.
El desenlace de este conflicto institucional mantiene en vilo al sector jurídico y político, en un escenario donde la independencia judicial y el respeto a la profesionalidad policial se encuentran bajo el foco de la opinión pública.
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