Varios centenares de trabajadores y personal del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente de Canarias, tanto en el ámbito público como privado, se concentraron ayer durante dos horas en las siete islas para reivindicar la firma del convenio colectivo que suponga salarios dignos (tras siete años congelados y por debajo del SMI), mejoras de las condiciones laborales y reconocimiento profesional para los técnicos en emergencias sanitarias.
En Santa Cruz de Tenerife, el colectivo y representantes sindicales se concentraron frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, desplegando pancartas reivindicativas mientras varios vehículos de transporte sanitario no urgente recorría una y otra vez la Avenida José Manuel Guimerá haciendo sonar sus pitas y sirenas. Todo ello en el marco de un conflicto que implica a más de 2.500 trabajadores. “Vamos a seguir haciendo ruido hasta que se encuentre una solución por parte del Gobierno”, señalan.
El coordinador del sector de ambulancias de CC.OO. en Canarias, Enrique Espí, denunció que la negociación del convenio continúa bloqueada por la patronal y consideró alarmante que Esther Monzón dé a entender en el Parlamento regional que ha hablado con las partes para favorecer un acuerdo. “Desde Comisiones Obreras y desde el comité de huelga del transporte sanitario no ha habido ningún contacto con la consejera de Sanidad, ni antes de este conflicto ni ahora que ya se ha iniciado”, señala.
Advierte de que si el SCS no se ha reunido con los representantes de los trabajadores en huelga, pero sí ha mantenido reuniones con las empresas adjudicatarias, “compromete el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario, vulnera el poder de negociación real de la parte social para este convenio y pone un techo a los acuerdos que podamos pactar en el futuro convenio colectivo”.
El SCS, “responsable”
CC.OO. recuerda que el transporte sanitario es un servicio público esencial, aunque entre el 85 y el 90% de la prestación esté en manos de empresas privadas. Por ello, la Consejería de Sanidad y el Gobierno “no pueden eludir la responsabilidad” de dotarlo correctamente.
Reprochó al Ejecutivo que pretenda situarse al margen del conflicto laboral “como si no tuviese competencia, y nos están dejando a un lado como si no fuéramos nada”.
FSC-CC.OO. exigió a Sanidad “que actúe para desbloquear la negociación” y garantice que las mejoras laborales y salariales se materialicen este mismo año con carácter retroactivo. El personal del transporte sanitario acumula una pérdida de poder adquisitivo del 25%, una “situación incompatible con la naturaleza esencial del servicio” y con las condiciones de trabajo que soporta.
“No estamos pidiendo nada desorbitado”, señala Espí, que defendió que la actualización salarial debe producirse en 2026 y no quedar aplazada hasta finales de 2027 o comienzos de 2028, como pretenden las adjudicatarias y el Gobierno. “¿Quieren que no podamos actualizar nuestros salarios y seguir con esta precariedad? No lo vamos a permitir”, finalizó.
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