El Gobierno de Canarias inspeccionará a 78 estaciones de servicio para esclarecer las causas de la subida de precios “al unísono” entre varias operadoras nada más estallar la guerra en Irán. El vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Manuel Domínguez, explicó ayer que esta es la principal razón que ha motivado al Ejecutivo regional a dar este segundo paso, el de la inspección, que podría abrir la puerta a un tercer escenario, el de elevar el expediente a Competencia y la imposición de sanciones.
La inspección consistirá en el requerimiento formal de documentación a esas gasolineras para saber si se respetaron los derechos de los consumidores y cómo fue la estructura de formación de precios entre el 1 de enero y el 25 de mayo, con una fecha clave: el 28 de febrero, el primer ataque a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, expuso el director general de Consumo, David Mille. El objetivo de esta medida “es claro”, apuntó Domínguez: conocer si se han cumplido los requisitos de Competencia y si la subida de precios “ha sido acorde a las circunstancias del mercado o ha habido otro efecto del que no somos conocedores y tengamos que tomar partido”.
La decisión de emprender una inspección se apoya en las conclusiones de los informes elaborados por el Ejecutivo canario para analizar la subida de precios de los combustibles, que señalan varias “disfunciones”, tras analizar 499 estaciones de servicio, de las que se han seleccionado 78. Una de esas “disfunciones” es de carácter estructural: el efecto cohete y el efecto pluma que se suelen dar en escenarios de incertidumbre; esto es, subidas de precios notables y repentinas, en apenas 48 o 72 horas, y bajadas más graduales, que tardan entre diez y trece días en notarse en el precio final para el consumidor.
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