El historial de miles de trabajadores en Canarias cuenta con un vacío común: los meses o años dedicados al aprendizaje profesional que nunca llegaron a computar en la Seguridad Social. Sin embargo, un mecanismo extraordinario de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) permite ahora enmendar esta situación y recuperar años cotizados en las prácticas académicas o científicas realizadas en el pasado. Este procedimiento de rescate ofrece un balón de oxígeno clave de cara a la futura jubilación, aunque exige el cumplimiento de estrictos requisitos documentales y un desembolso económico por parte del ciudadano.
Cómo recuperar años cotizados en las prácticas de forma legal
La medida se encuentra plenamente articulada tras la publicación de la Orden ISM/386/2024 y su posterior corrección técnica mediante la Orden ISM/812/2024. El objetivo prioritario de este marco jurídico es regularizar la situación de desprotección que sufrieron durante décadas los estudiantes universitarios, los alumnos de Formación Profesional (FP) y el personal investigador. No obstante, el sistema deja claro que no se trata de un reconocimiento automático ni gratuito, sino de una modalidad de “compra” de derechos de cotización a la carta.
El convenio especial diseñado por la TGSS establece unas fronteras temporales muy claras para determinar quiénes pueden acceder al trámite:
- Programas formativos no remunerados: Todos aquellos que se desarrollaron con anterioridad al 1 de enero de 2024, fecha en la que entró en vigor la reforma de la cotización obligatoria para estudiantes.
- Programas formativos remunerados: Aquellos periodos previos al 1 de noviembre de 2011, momento en el que el ecosistema de becas obligatorias empezó a experimentar sus primeros cambios legales de calado.
El volumen total de tiempo que un trabajador puede reincorporar a su vida laboral tiene un tope máximo de 1.825 días, una cifra que equivale exactamente a cinco años de cotización efectiva. Para que la Seguridad Social valide este tiempo, el interesado debe aportar certificados válidos expedidos por las universidades, los centros educativos oficiales o las empresas donde prestó sus servicios formativos en régimen de becario.
Colectivos beneficiados por la TGSS y letra pequeña del acuerdo
La lista de beneficiarios potenciales integrados en esta normativa es extensa. Afecta de forma directa a graduados universitarios de planes de estudio antiguos, técnicos de Formación Profesional, estudiantes de enseñanzas artísticas superiores y deportivas, así como a doctorandos o participantes en programas de investigación estatales o autonómicos. Cabe señalar que este grupo quedó al margen de las coberturas ordinarias del sistema hasta la llegada de la nueva legislación del año 2024.
A pesar de las ventajas evidentes para alcanzar el periodo de carencia de la pensión de jubilación, el convenio presenta ciertas limitaciones que conviene desgranar. Las cuotas abonadas por el solicitante servirán de manera exclusiva para mejorar las prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Por el contrario, estos fondos no generan coberturas para la prestación por desempleo, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ni conceptos de formación profesional, quedando totalmente excluida la opción de acumular meses para el cobro del paro.
Coste económico del convenio y fecha límite de tramitación
La urgencia del procedimiento viene marcada por el calendario institucional, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social mantendrá el plazo de recepción de solicitudes abierto únicamente hasta el 31 de diciembre de 2028. La gestión debe encauzarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social utilizando los métodos de identificación digital habituales.
Respecto a la cuantía económica, el precio final de la operación dependerá directamente de la base mínima de cotización correspondiente al año de la realización de las prácticas y del coeficiente reductor fijado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La normativa vigente flexibiliza el pago permitiendo al ciudadano liquidar la cantidad total mediante un único abono o solicitar un fraccionamiento mensual para amortizar el coste de manera progresiva. Los asesores laborales recomiendan realizar un cálculo de viabilidad previo para evaluar si los periodos a regularizar compensan el desembolso económico exigido por la administración.
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