Denuncian la construcción de una vivienda ilegal en suelo protegido en Arona

Imastanen pone pie en pared. El colectivo ecologista denunció ayer por enésima ocasión la consolidación de una vivienda ilegal en suelo rústico protegido de Los Ancones, en el municipio de Arona, una zona con antiguos asentamientos guanches y escenario histórico de actividades agrícolas tradicionales hasta su abandono, coincidiendo con el boom urbanístico del sur de la Isla en el último cuarto del siglo XX. Según el colectivo, el caso ya se había puesto sobre la mesa el pasado mes de marzo, antes de que la construcción se completara, sin que, en su versión, “la administración haya logrado frenarlo”.

Según afirman, se trata de un suelo “declarado como rústico de interés natural y paisajístico” en el entorno de la Montaña de Ichasaga y con “valores patrimoniales, etnográficos y arqueológicos”, donde se han hallado restos cerámicos dispersos en superficie.

Imastanen sostiene que, pese a existir un expediente abierto desde hace meses, las obras no solo no se han paralizado sino que han avanzado “a un ritmo alarmante”, y que vecinos de la zona aseguran que la policía se ha personado en el lugar en varias ocasiones sin que ello derivara en una paralización efectiva de la actuación.

El colectivo enmarca los hechos en la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, la normativa de suelo rústico protegido y los artículos 319 y 323 del Código Penal, y reclama la paralización cautelar, el precinto de la zona y la demolición de lo construido.

Preguntado por este periódico, el Ayuntamiento coincide en que las obras se han ejecutado sin autorización. Fuentes municipales explican que el propietario presentó “sucesivamente distintas solicitudes de licencia y comunicaciones previas” para tratar de legalizar la actuación, y que todas ellas recibieron informe desfavorable de los servicios técnicos por tratarse de un suelo afectado por la protección de un barranco.

El Consistorio admite además que la vivienda llegó a instalarse “tras haberse paralizado previamente su colocación”, y detalla que la concejalía de Urbanismo ha incoado los expedientes de disciplina urbanística correspondientes, ha anotado la finca en el Registro de la Propiedad y, en colaboración con la Policía Local, ha levantado “numerosas actas de infracción”. La Guardia Civil, por su parte, ha remitido diligencias a la Fiscalía “atendiendo a la gravedad y reiteración de los hechos”. El Ayuntamiento asegura que seguirá impulsando el expediente “hasta sus últimas consecuencias”.