Los policías locales se han rebelado contra el Ayuntamiento de Santa Cruz y han acordado “retirar” temporalmente la voluntariedad para prestar servicios fuera de la jornada laboral, así como el no participar en cualquier evento, servicio extraordinario, actividad, unidad o dispositivo a desarrollar fuera de su jornada y funciones ordinarias. La medida de presión se prolongará “hasta nueva comunicación expresa de cada interesado”.
Así lo acordó el jueves la asamblea de trabajadores, convocada por los sindicatos Asipal, CC.OO., Intersindical Canaria y UGT, que fue respaldada por dos tercios de la plantilla, según los convocantes, en la que los agentes mostraron “su profunda indignación ante el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento, además de la falta de avances y la ausencia del respeto que merece un colectivo que, durante años, ha demostrado su compromiso y responsabilidad más allá de sus obligaciones”.
Los sindicatos informaron, además, del estado de las negociaciones con el Consistorio respecto al proceso de reclasificación en base a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en donde exigen que “se valore en la misma categoría y con los mismos criterios a un policía local como se hace con un técnico o auxiliar de la administración”. Una reivindicación que sigue sin ser atendida porque “cuesta 1,5 millones de euros hacer frente al incremento salarial que acarrearía dicha modificación”, informaron fuentes policiales.
Mesa Sectorial
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, manifestó que “respetamos la decisión de los sindicatos, pero el jueves celebraremos la Mesa Sectorial donde se analizarán estas reivindicaciones”. Asimismo, el sindicato CSIF se ha desvinculado del acuerdo, pese a que lo acatará, al considerar que “el dinero que implica la puesta en marcha de la Unipol no puede pasar de soslayo”.
Mientras, las demás organizaciones sindicales añadieron que “asumen el mandato de la asamblea, haciendo propia la obligación de defender, representar e impulsar las decisiones adoptadas, actuando con unidad y firmeza en la defensa de los derechos e intereses de la plantilla”. La medida implica que si no hay personal libre para servicios extraordinarios se verán afectados eventos, conciertos o fiestas en la ciudad.
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