La Universidad de La Laguna confirmó ayer el cierre preventivo de 65 dependencias de sus diferentes campus tras detectar niveles de gas radón superiores a 500 becquerelios por metro cúbico, y también actuará en otras 62 áreas con valores que superan los límites legales fijados en los 300 Bq/m3.
La institución tomó esta decisión tras recibir los resultados validos de 921 dispositivos medidores de gas radón en aulas, despachos, laboratorios y archivos. “El 85% de los edificios académicos están libres -dentro de los márgenes tolerables- de gas radón, mientras que existen 62 áreas (un 7%) con valores moderados de entre 300 y 500 becquerelios por metro cúbico, donde se mantendrá la actividad mediante protocolos de ventilación cruzada, y en otro 7%, 65 dependencias, se decretó el desalojo”, confirmó la gerente de la ULL, Lidia Pereira.
La mayoría de los recintos precintados corresponden a despachos de profesorado, espacios de trabajo de personal de administración y servicios, laboratorios, cabinas y archivos. Solo cinco aulas en toda la Institución fueron clausuradas.
Campus de Anchieta
La afección principal se localiza en el Campus de Anchieta, especialmente en el edificio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT), donde en 2025 se cerraron dos aulas y otras dependencias. Ahora se suman diversas aulas, laboratorios y salas en las facultades de Biología, Farmacia y en el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. El Campus de Guajara se detectaron pocas afecciones, salvo el cierre del aula 02.1 de Derecho.
La medición de los niveles de concentración de gas radón presentes en dependencias de la Facultad de Ingeniería comenzó entre 2021 y 2023, pero fue a raiz de un estudio del Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental el que confirmó en 2025 varias zonas de la planta baja con niveles superiores a los 300 Bq/m3. Las dos aulas donde se detectaron niveles altos fueron clausuradas y los estudiantes fueron trasladados al Edificio CajaCanarias de Servicios al Alumnado, cuyas salas de estudio se habilitaron como aulas.
A partir de entonces la Gerencia valoró las diversas acciones a realizar para reducir esos niveles con riesgo para la salud adoptándose por la ventilación forzada de esas aulas, colocar extractores y ventiladores gigantes para forzar la circulación del aire. Tras las obras e instalación de los equipos se procedió a realizar entre el final de 2025 y durante 2026 la medición de las concentraciones de gas radón, descendiendo a niveles que permitirán la vuelta del alumnado y los docentes el próximo mes de septiembre.
También se inició en octubre de 2025 el protocolo de actuación para medir la presencia de radón con la adquisición e instalación de más de 1.450 medidores. Además, para que las medidas tengan validez, “es necesario que exista un registro de datos ininterrumpido durante, al menos, tres meses”, recalca.
Ha sido entre mayo y junio cuando comenzaron a llegar los primeros informes, que fueron remitidos al Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental para su validación. La Gerencia informó los últimos días a los responsables de centros, trabajadores y usuarios, y al Comité de Seguridad y Salud, de los espacios afectados y las actuaciones a realizar.
En el caso de los 65 espacios con más de 500 Bq/m3, “comunicamos su clausura a los responsables de los centros, y el desalojo de las personas afectadas, buscando espacios alternativos o el teletrabajo, y colaborando con servicios de limpieza, conserjes y responsables de edificios para seguir monitorizándolos”, señaló. Está previsto el comienzo de 12 obras con carácter inmediato para la ventilación forzada (entre ellas tres aulas y algunos laboratorios), que se irán aumentando a medida que se constate la imposibilidad de una ventilación cruzada natural para reducir los niveles. En los 62 espacios donde afloró una medición de entre 300 y 500 Bq/m3 se establece la ventilación natural cruzada, que en la mayoría de casos hará posible su uso seguro, con una monitorización continua, teniendo en cuenta que “es una situación dinámica y adaptativa”. Si no fuera posible, se abordarán las obras necesarias.
La gerente de la ULL, Lidia Pereira Saavedra, puso en valor que “ninguna institución a nivel regional ni nacional ha desplegado un protocolo de actuación tan amplio para medir la presencia de gas radón en sus instalaciones y adoptar las medidas necesarias para paliar su incidencia”. Entre los 65 espacios clausurados ya se decretó el inicio inmediato de 12 obras, entre ellas varias aulas y laboratorios, así como la ventilación cruzada de decenas de espacios. “Creemos que el impacto al inicio del curso, será el menor posible”, recalcó.
En los 65 espacios catalogados con más de 500 Bq/m3, comprobaremos si es factible la ventilación cruzada para reducir los niveles, pero empezaremos en menos de un mes en 12 espacios las obras para la ventilación forzada, entre ellas dos aulas más en la Escuela de Ingeniería y todas las aulas en Biología.
Destacó la creación de un espacio en la intranet institucional “para comunicar a la comunidad universitaria las medidas adoptadas, un espacio con todas las resoluciones, instrucciones técnicas y todos los datos sobre las mediciones y actuaciones. La web permite visibilizar cada espacio con un semáforo: verde, amarillo o rojo”.






