El ejercicio de recordar y poner nombre al dolor posee una dimensión profundamente sanadora. Para una sociedad golpeada por decenios de autoritarismo, iluminar los pliegues más oscuros de su historia reciente no es solo una tarea de restitución ética, sino un imperativo de salud.
Entre 1975 y 1978, mientras se desarrollaba el lento tránsito a la democracia, Tenerife se convirtió en uno de los espacios de la violencia de Estado. Unas fuerzas policiales que venían directamente de los aparatos de represión de la dictadura dejaron una estela de sangre en las calles de Santa Cruz y La Laguna. Hoy dedicamos este último artículo de la serie Vivir sin Miedo a tres figuras que todavía resuenan en la memoria colectiva.
Antonio González Ramos: la dignidad mutilada en los sótanos policiales
Antonio González Ramos nació en 1936, el año fatídico en que estalló la Guerra Civil. Aquella infancia de privaciones y racionamiento forjó en él un carácter marcado por la resiliencia. Como tantos miles de canarios sofocados por la estrechez insular, Antonio tomó en 1965 la maleta del emigrante. Su destino no fue América, sino Alemania. Allí, al calor de las fábricas europeas y en contacto con las células clandestinas del Partido Comunista de España (PCE), descubrió la conciencia de clase y sindicalismo.
Cuando en 1971 decidió regresar a su isla natal no olvidó lo aprendido. Empezó a trabajar en las líneas de la empresa tabaquera Philips Morris, donde ya funcionaba en la clandestinidad Comisiones Obreras, con figuras históricas como Herminio Montesinos (“Chicho”) y Luis Molina.
Su activismo no se limitó al ámbito laboral; convencido de que la democracia se construía desde el barro cotidiano, se involucró activamente en la asociación vecinal de El Ortigal, en La Laguna, reclamando para sus vecinos el agua, el alumbrado y la dignidad que el régimen les negaba.
El 29 de octubre de 1975, cuando las noticias sobre la agonía del dictador ocupaban las portadas, la Brigada de Investigación Social irrumpió en la vida de Antonio. Detenido tras el hallazgo de propaganda clandestina en el domicilio de un compañero —donde casualmente también se hallaban cartuchos de dinamita empleados por su amigo para la pesca furtiva—, fue conducido a los sótanos del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife. Apenas tres horas después de su arresto, Antonio yacía muerto. La nota oficial de la Delegación Especial de la Dirección General de Seguridad pretendió camuflar el crimen, asegurando que el detenido “se arrojó del vehículo que lo transportaba para las prácticas de estas gestiones, falleciendo al poco de su acción suicida”.
La verdad era imposible de ocultar. José Matute Fernández, inspector de la BPS y presidente de la federación tinerfeña de judo, había sometido al obrero a una paliza salvaje hasta causarle la muerte. Sobre Matute ya pesaba una condena por haber lesionado gravemente semanas antes al estudiante Julio Trujillo Ascanio. Pese a que la Audiencia de Tenerife llegó a dictar auto de procesamiento contra Matute en diciembre de 1975, el juicio jamás se celebró: la Ley de Amnistía de 1977 extinguió la responsabilidad penal del verdugo, quien no solo continuó en el cuerpo policial durante la democracia, sino que llegó a ocupar cargos dedicados a velar por los derechos de los detenidos. Antonio dejó viuda y cuatro hijos. En noviembre de 1979, el primer ayuntamiento democrático de La Laguna honró su memoria dedicándole una calle cerca del cementerio de San Juan.
Bartolomé García Lorenzo: ráfagas de plomo en la madrugada de Somosierra
Menos de un año después del asesinato de Antonio, en septiembre de 1976, Tenerife respiraba un ambiente de intensa tensión social. La crisis económica, las huelgas del sector de la construcción y los ecos del movimiento separatista MPAIAC se entrelazaban con el deseo irrevocable de libertad. En esos días, la prensa seguía la pista de Ángel Cabrera, alias “El Rubio”, señalado por la desaparición del poderoso empresario grancanario Eufemiano Fuentes. Bajo el pretexto de esta búsqueda, la policía desplegó una redada en los barrios obreros de la capital tinerfeña.
En la mañana del 22 de septiembre, seis agentes policiales se apostaron ante la puerta de un domicilio humilde en Somosierra. Sin previa identificación ni requerimiento formal, los agentes abrieron fuego de manera indiscriminada contra la entrada de la vivienda. Treinta y tres disparos acribillaron la puerta. Cuatro de los proyectiles atravesaron el cuerpo de Bartolomé García Lorenzo, un joven estudiante de Magisterio de 21 años que nada tenía que ver con las investigaciones. Gravemente herido en el umbral de su casa, Bartolomé falleció dos días después en el hospital.
La sociedad tinerfeña reaccionó con un estallido masivo de dolor y protesta. El entierro del joven congregó a más de 20.000 personas. A la entrada del templo, un cartel resumía la tragedia: “Sus balas llamaron a su puerta. ¡Y él quería vivir! La razón de la fuerza le hizo daño“. Al término del sepelio, la rabia desembocó en disturbios, barricadas en la autopista y cargas policiales con pelotas de goma y gases lacrimógenos.
El 27 de septiembre, la huelga general convocada por la asamblea popular paralizó por completo Tenerife. A pesar de la contundencia del clamor popular, la sentencia dictada en febrero de 1982 por la Audiencia Provincial calificó la actuación policial de mero “delito de imprudencia temeraria“, imponiendo condenas de apenas dos años de prisión que permitieron a los agentes seguir ejerciendo la profesión.
Javier Fernández Quesada: balas de fuego real en las escalinatas del saber
El 12 de diciembre de 1977, la represión cobró su última víctima mortal en Tenerife. Se vivía una jornada de huelga general convocada por sindicatos de clase disconformes con los Pactos de la Moncloa.
A las dos y media de la tarde, tras algunos conatos de enfrentamiento entre manifestantes y piquetes con las fuerzas del orden, una veintena de efectivos de la Guardia Civil irrumpió sorpresivamente en el recinto central de la Universidad de La Laguna. Sin aviso previo, los agentes dispararon más de 200 cartuchos de munición real en todas direcciones. En las escalinatas del centro docente se encontraba Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología nacido en Gran Canaria. Un proyectil le atravesó el corazón, provocándole la muerte instantánea.
El crimen quedó sepultado bajo un denso manto de impunidad institucional. La jurisdicción ordinaria derivó las actuaciones a la justicia militar, que archivó el expediente sin determinar responsabilidades. La comisión de investigación abierta en las Cortes Generales concluyó sin resultados operativos. Nadie fue juzgado ni sancionado por el asesinato del joven estudiante.
Epílogo: el imperativo moral de la memoria
Las vidas de Antonio González Ramos, Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada forman un tríptico trágico sobre los costes ocultos del proceso de democratización en Canarias. Sus muertes formaban parte de la inercia de un aparato estatal represivo que continuó actuando con impunidad tras la muerte del dictador.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió una nueva vía para la reparación institucional de sus familias, pero la verdadera restitución reside en la memoria viva de la comunidad. Recordar sus nombres e historias es el único camino para garantizar que el pasado no vuelva a proyectar sus sombras sobre el presente.
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